El concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, se entregaron hoy en la Policía y quedaron detenidos luego de la orden que dictó ayer el juez Guillermo Atencio en la causa en la que se investiga el uso de tarjetas de débito del puntero Julio “Chocolate” Rigau.
Fuentes judiciales informaron que los Albini se entregaron junto con sus abogados. Se prevé que ambos sean indagados mañana por el magistrado.

La maniobra de defraudación, superior a los 800 millones de pesos, habría comenzado al menos en 2021, con decenas de contratos, y no se descarta la participación de varios legisladores, según la investigación en curso.

“Esos contratos son concedidos a los distintos legisladores por lo que posiblemente, con el avance de la investigación, podrán ser identificados los jefes de la organización delictiva”, dijo Atencio en una resolución de 22 carillas que dictó ayer.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura.

Al momento de justificar su detención, el juz Atencio destacó “el vínculo de parentesco con Claudio Gustavo Albini, de quien resulta ser hijo, lo posicionó en un lugar privilegiado dentro de la misma y le permitió intervenir con Julio Rigau a los fines de exigirle el rendimiento de cuentas ante su progenitor”.



Las fuentes señalaron que en total ya son 9 las personas detenidas en la causa. La detención de los Albini, acusados de los delitos de fraude y asociación ilícita, había sido pedida por la fiscal Betina Lacki y luego por la Fundación Poder Ciudadano. Además de su arresto, el juez pidió que les secuestren los celulares.

Atencio decidió avanzar con las detenciones de los Albini y de 15 dueños de las tarjetas de débito que tenía “Chocolate” cuando fue detenido, el 9 de septiembre. A esas personas se las acusa de ser participes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.