La economía argentina atraviesa una etapa complicada, tal vez las más difícil desde la corrida cambiaria que intentaron forzar los mercados cuando arreciaba el conflicto con el campo, y que desde el Banco Central aplastaron con el poderío de sus reservas.

Ya empieza a ser materia de análisis en los centros de estudio el proceso de deterioro en el cual ingresó la economía local en el último semestre, en coincidencia con la llegada a la Casa Rosada de la presidenta Cristina Kirchner.

Un conjunto de problemas latentes del modelo instaurado en forma desesperada en el 2002 por Eduardo Duhalde, y luego continuado por Néstor Kirchner y su propia esposa, parecen haber emergido con fuerza.

Ocurre en medio del caldo de cultivo de la crisis financiera internacional más severa de las últimas décadas, exacerbada por errores en la política de fomento al crédito hipotecario por parte de los Estados Unidos, el alza del precio del crudo y la disparada en los costos de los alimentos a escala global.

Un escenario internacional por demás complejo parece haber encontrado funcionales actores en el país, donde los operadores financieros siempre están dispuestos a jugar al juego que más les gusta, especular, ya sea se trate de un bono o de una moneda.

Es esa combinación fatídica entre errores de política macroeconómica y un contexto negativo internacional el que parece explicar cómo la Argentina llegó a ser, para los dueños del dinero, un país tan riesgoso como el del 2005, cuando pugnaba con los bonistas por el canje de la deuda.

En círculos financieros ya se habla de una "vendetta" de los principales jugadores de las finanzas internacionales contra el país, porque consideran que la manipulación de la inflación les está haciendo perder más de 1.000 millones de dólares mensuales en
intereses de la deuda, una cifra astronómica.

Los grandes bonistas sostienen que cada punto de inflación "dibujado" representa un costo de intereses que ronda los 600 millones de dólares, y como consideran que la inflación real casi triplica a la oficial, sacan esos números.

Desde el Gobierno aceptan que cada punto de inflación representa esa impactante cifra en intereses de la deuda, pero rechazan de plano que el costo de vida esté manipulado y razonan a la inversa: sostienen que es el sector financiero el que encabeza las denuncias contra la estadística del INDEC porque pretenden aumentar sus ganancias en forma meteórica.

El bono ajustado por inflación quedó así en el medio de los tironeos de un Gobierno cada vez más enfrentando con algunos sectores empresarios, que empiezan a desconfiar del rumbo que va tomando la economía, y que exceden al agro.

Es esa desconfianza la que hizo circular rumores de que Roberto Lavagna, el hombre que piloteó la salida de una de las crisis económicas más graves que soportó el país, podría volver al Gobierno para tratar de encaminar la marcha de un plan que, como
pudo, en su momento logró sacar del abismo a la Argentina.

Difícil que el matrimonio Kirchner piense en esa opción, porque a esta altura sería una muestra de debilidad en el marco de una lógica blindada de ejercicio del poder.

Parece más inclinado a seguir jugado a fondo con el esquema de conducción económica aplicado hasta ahora, donde se evitará ceder ante la �presión� de los mercados para que se �blanquee� la inflación, y se seguirá impulsando un control de precios que
aparece cada vez menos eficaz.

El fortalecimiento de Guillermo Moreno en el Gabinete nacional, donde ya no sólo controlará la estratégica oficina de Comercio, sino también la decisiva Comisión de Defensa de la Competencia a través de un hombre cercano, como Ricardo Napolitani, da una señal inequívoca del rumbo elegido, que altera los nervios de sectores
financieros.

En los centros de poder ya se asegura, en forma peyorativa, que la Argentina está dedicada al "juego de las simulaciones".

Para la línea de economistas ortodoxos y celosos guardianes del equilibrio fiscal, como José Luis Espert o Aldo Abram, el gobierno simula la inflación para pagar menos intereses por la deuda, simula que el canje está cerrado cuando todavía hay bonos en
default por 25.000 millones de dólares, simula que el costo de vida es al menos un tercio del real porque de esa forma la pobreza baja. Simula...

Desde la óptica oficial, la presidenta Cristina Kirchner defendió las cifras del organismo en su primera conferencia de prensa, y rechazó las críticas al recordar que en la Argentina "siempre" se cuestionaron esos indicadores. Es cierto, se le
podría responder, pero �nunca� como ahora.

Además, con sus palabras la jefa de Estado pareció contradecir a su recién estrenado jefe de Gabinete, el activo Sergio Massa, quien en una de sus primeras declaraciones admitió que el INDEC es un problema.

En la misma línea salieron esta semana empresarios a los que no se puede tildar de opositores ni desestabilizadores.

Julio Werthein (La Caja), Cristiano Rattazzi (FIAT) y José Ignacio de Mendiguren (Textiles) alertaron sobre la necesidad de dotar de mayor credibilidad a la
estadística oficial.

Las razones de esa advertencia hay que encontrarlas en una preocupación genuina que va más allá de las cifras del INDEC.

Los empresarios comenzaron a advertir que el descalabro en el manejo de los indicadores clave de la economía terminó de ahuyentar a los pocos inversores que todavía miraban a la Argentina, mientras que la suba del riesgo país derivada amenaza
con encarecerle aún más el costo del crédito a cuentagotas que sus empresas consiguen en el exterior.

Para el mundo de los negocios, el valor de un emprendimiento productivo no sólo se calcula sobre la base de sus activos, ventas y factibilidad, sino sobre todo por el contexto en el cual está inserto.

Y por ahora, la Argentina no parece un país amistoso para los dueños del dinero.

Los sectores productivos están preocupados por la suba en las tasas de interés, y creen que la combinación con la baja del dólar puede provocar un severo enfriamiento de la economía, que ya se está verificando en la industria de la construcción y en la venta de propiedades.

Si a esto se suma la inflación, el cóctel termina siendo explosivo. Es lo que los economistas califican de �estanflación�.

En esa línea se inscribe el reclamo de reformular el INDEC para dotar de mayor credibilidad a los datos de la economía, y en especial de la inflación.

Pero los reclamos del sector privado no terminan allí: los privados creen que la presidenta debe dar una señal contundente de que está dispuesta a tomar el toro por las astas con la inflación y garantizar que el frente fiscal está cubierto en el mediano plazo.

El problema es que una de las pocas formas de hacerlo es achicando el gasto público, una medida antipática y de alto costo político que por ahora Cristina no parece dispuesta a dar.