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Por José Calero
Menos argumentos para justificar la demora en la reactivación
El equipo económico tiene dificultades para poner en marcha el aparato productivo, en parte porque el contexto mundial sigue siendo reacio a volcar sus capitales en países "fronterizos" como la Argentina
8 de junio de 2017
La demora en la reactivación del consumo lleva al gobierno a seguir corriendo el arco con la promesa cada vez menos creíble de "brotes verdes" y la "lluvia de inversiones", y ahora sostiene que los capitales fluyen poco hacia estas tierras porque la rentabilidad de los negocios es baja.

El equipo económico atraviesa severas dificultades para poner en marcha el aparato productivo, en parte porque el contexto mundial sigue siendo reacio a volcar sus capitales en países "fronterizos" como la Argentina.

Pero en buena medida las razones en esa demora hay que encontrarlas en que la Argentina se convirtió en un país con baja productividad, carente de infraestructura, con limitaciones de transporte, energía y logística, rutas inundadas, alta presión impositiva y una industria que durante décadas dependió de los subsidios del Estado para crecer.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, ensayó una explicación sobre por qué demora la llegada de las inversiones, cuando advirtió que "la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo" asumido.

El Estado tiene una fuerte responsabilidad en la ineficiencia de la Argentina, porque acorralado por el desequilibrio de las cuentas públicas se transformó en una máquina de aumentar impuestos y generar burocracias con afán recaudatorio, que espantan la inversión.

Macri pareció entenderlo en los primeros meses de su gobierno, pero luego cayó en la trampa de echar mano de la presión tributaria sobre los pocos contribuyentes que afrontan sus obligaciones en la Argentina.

El Gobierno también cometió un error de cálculo cuando creyó que sólo arreglando con los fondos buitre comenzarían a llover las inversiones sobre distintos sectores de la economía.

La "prueba de amor" no rindió los frutos esperados, pero sí permitió sortear la bomba de tiempo que Cristina Fernández le había dejado atada con un moño a su sucesor.

La Argentina pudo acceder al financiamiento necesario para afrontar el desequilibrio de un Estado que se agigantó a niveles insostenibles durante el kirchnerismo.

En esos años de fuerte intervencionismo estatal, el crecimiento del empleo público fue el deporte favorito del gobierno nacional, pero también de las provincias, que encontraron una herramienta formidable de disciplinamiento político.

Por cada empleo público, ganaban la adhesión de al menos cuatro personas del núcleo familiar directo del beneficiario.

El último relevamiento de la Fundación FIEL arrojó que el sector público nacional en 2003 tenía 460.000 empleados mientras en 2016 subió a 739.000, con un crecimiento del 61%.

Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de 2.200.000 y en 2016 de 3.579.000, mientras este año rondará los 3.800.000.

Es decir, la cantidad de empleados públicos casi se duplicó, y de alguna manera el 25 por ciento de la población depende o está influida por los empleos que distribuye el Estado, a lo que se deben sumar los planes sociales.

La Fundación Libertad y Progreso -que elogia muchas de las políticas de Macri- advierte que existe una cuestión en la cual no sólo no hubo avances sino que, por el contrario, no existe progreso.

Alude a la "inmensa y aplastante estructura del Estado y al empleo público que carcome las mejores energías del país productivo".

"La duplicación del número de empleados públicos en los últimos 15 años no encuentra ningún justificativo posible.

Sin embargo ha ocurrido en el Estado argentino, tanto en el Gobierno nacional como también en provincias y municipios.

Ese crecimiento no se explica en nuevas funciones estatales sino en los impulsos de la política y de la propia burocracia para dar espacio al clientelismo o al copamiento ideológico...", indica un reporte de la entidad.

Incluso, cuestiona que Macri no sólo rehusó hacer más racional al aparato estatal, sino que implantó un frondoso organigrama para el Poder Ejecutivo nacional, con 21 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales y 122 organismos descentralizados.

Parece mucho para un país donde en numerosas actividades la ausencia del Estado es notoria.

El Gobierno prometió "bajar el costo de la energía y mejorar la infraestructura para reducir los costos logísticos", pero existen dudas sobre la capacidad para lograr ese objetivo en el corto plazo.

El Poder Ejecutivo también admite la necesidad de implementar una reforma tributaria para bajar la presión del Fisco sobre los sectores productivos y eliminar impuestos distorsivos, pero la tentación recaudatoria sigue pareciendo demasiado grande.

A esta altura, el plan económico aplicado por el gobierno sigue dejando más dudas que certezas, mientras un tercio de la población intenta subsistir en condiciones de pobreza.

Sectores como la agroindustria y la construcción vienen liderando la actividad económica, pero uno de los principales generadores de empleo, como la industria, continúa sin salir de la crisis.

Hay fuertes caídas en rubros como el sector textil, que es un fuerte motorizador de mano de obra.

Lo mismo ocurre con la actividad automotriz, que cayó en abril un 7,5% interanual, perjudicada por la interminable crisis brasileña.

La falta de un horizonte claro para la actividad fabril es el principal tema en la agenda del flamante presidente de la UIA, Miguel Acevedo.

Casado con una de las herederas del imperio de Aceitera General Deheza, Acevedo considera que faltan una política fabril claramente definida que se base en pilares como la siderurgia y el polo agroindustrial.

Pero el punto que tal vez más lo distancie de varios funcionarios de Cambiemos es que Acevedo considera clave la necesidad de una mercado interno fortalecido.

"Sin una población que pueda consumir, no vemos una salida a corto plazo", dijo al Comité Ejecutivo de la central fabril en una reunión mantenida el día de la asunción.

La estrategia del flamante presidente de la UIA será impedir que la entidad quede pegada a un reclamo de cerrar la economía, pero exigirá una "comercio inteligente".

Hará fuertes cuestionamientos a esquemas de subsidio a las importaciones para contener la inflación que estarían fogoneando algunos funcionarios con llegada a los oídos de Macri, con quien Acevedo espera poder reunirse en los próximos días.