La vacuna del laboratorio norteamericano Pfizer es una de las que más alta efectividad está mostrando en el mundo para combatir el coronavirus: 95%. Por eso hay mucho interés en que llegue a la Argentina, cuya campaña de vacunación viene muy demorada y recién se aceleró en la última semana. Pero ese interés, que el gobierno dice tener, no parece ser el mismo entre el kirchnerismo, algunos de cuyos principales dirigentes suele confundir salud con ideología, y mirar más a Rusia y China para gestionar vacunas.

"La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que la vacuna Pfizer es adecuada para los niños. Pues bien, le estamos dando una herramienta para solucionar el conflicto y así poder traerla", fue el comentario, entre reflexivo e irónico, de la diputada macrista Carmen Polledo, para fundamentar su proyecto, que busca eliminar el término "negligencia" de la ley de vacunas sancionada el 29 de octubre. Curiosamente, se trata del primer intento serio por destrabar un conflicto que el Gobierno arrastra más de medio año con el laboratorio estadounidense, pese a que los funcionarios de Alberto Fernández insisten en que el impedimento para acceder a la vacuna es la inclusión de aquella palabreja en el Congreso.

Polledo es vicepresidenta primera de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y sumó la adhesión de otros 31 diputados de Juntos por el Cambio a la iniciativa que presentó en medio de las idas y vueltas entre el Gobierno, el fondo Covax y Pfizer.

El artículo 4 de la ley 27.573 sobre vacunas contra el Covid autoriza al Ejecutivo a firmar "cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas", con tres únicas excepciones. Y las menciona: "Aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos".

El proyecto opositor se limita a omitir la "negligencia", tal como sucedía en el texto enviado por el Gobierno. Polledo recuerda: “No fue una propuesta de la oposición. Cecilia Moreau, durante la reunión de comisión del 30 de septiembre, que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Salud, fue quien introdujo el tema haciéndole una pregunta a Mauricio Monsalvo, subsecretario de Gestión Administrativa, respecto de si estaba prevista la indemnidad en caso de negligencia".

Y remarca: "Antes de reanudarse la reunión, se distribuyó el dictamen con ese agregado y las iniciales C.M.". La ley se aprobó con amplio respaldo de oficialismo y oposición.

De movida, el Gobierno intentó involucrar a diputados de Juntos por el Cambio en la modificación del texto para atribuirles el "impedimento" esgrimido por el laboratorio, que fue el primero en probar su vacuna en el país. Cuando la polémica se calentó, Moreau -espada del massismo y vice del bloque del Frente de Todos- aceptó su responsabilidad, aunque dijo compartirla con Graciela Ocaña (PRO) y Claudia Najul (UCR).

En defensa de la incorporación del término "negligencia", le dijo cuatro días atrás al diario oficialista Página 12 que "nosotros teníamos que cuidar el patrimonio y la salud de la gente. Nos podíamos hacer cargo de que la vacuna podía no funcionar o tener efectos adversos, porque si no; no hubiésemos podido firmar con ningún laboratorio. Pero no teníamos porqué hacernos cargo de si venía un lote en mal estado, se les rompía la cadena de frío o enviaban la vacuna diluida con agua".

La diputada de origen radical admitió que ahora "el debate está abierto", aunque agregó que le "llamó la atención que todos los firmantes votaron a favor de la ley y algunos fueron parte de la redacción".

Entre los que adhieren al proyecto figuran Najul, Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, Silvia Lospennato, Alvaro González, Omar de Marchi y Paula Oliveto y Pablo Tonelli.

La autora del proyecto dijo que desde el kirchnerismo le dieron pocas esperanzas de que la iniciativa prospere. "Lo vamos a evaluar", le repitieron, aunque también le deslizaron que difícilmente el Gobierno quiera mostrar "debilidad" dando marcha atrás con un texto que no intentaron modificar pese a que trabó el acceso a la primera vacuna distribuida a nivel global. Por otra parte, Polledo opinó que el fracaso en la negociación del Gobierno con Pfizer se debió a que "se confió en las promesas de otros laboratorios y le faltó un Plan B", atribuyéndolo a "la falta de idoneidad y profesionalismo", y sin abrir juicio sobre las sospechas de posibles irregularidades en las gestiones.