Los especialistas y mucha gente en el Gobierno consideran que será inevitable que la variante Delta, la versión más contagiosa y agresiva del coronavirus surgida en la India, termine llegando al país, o tal vez ya lo haya hecho.
Con el foco puesto en frenar el ingreso a la Argentina de la variante Delta del coronavirus, el Gobierno nacional decidió reducir desde el lunes de 2.000 a 600 la cantidad de pasajeros que pueden arribar por día al aeropuerto de Ezeiza.

Y dejó al criterio de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires la definición de en qué lugar tendrán que cumplir su cuarentena quienes vuelvan a la Argentina entre el 1° de julio y el 31 de agosto. Es decir, si los viajeros podrán aislarse en sus domicilios o si tendrán que ir a un hotel.

Tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires dijeron que la modalidad del aislamiento se definirá este lunes.

La decisión administrativa sobre el cierre de fronteras fue publicada en el Boletín Oficial de este sábado. Establece que el aislamiento debe ser de siete días contados desde el test realizado en Ezeiza.

También dispone que los costos de la estadía en los lugares de aislamiento y el de las pruebas de secuenciación que se realiza ante los casos positivos, correrán por cuenta del viajero. Y que las autoridades establecerán como efectivizar el cobro de esos gastos.

Desde el Gobierno porteño anticiparon que lo que evalúan es que los viajeros que den positivo en Ezeiza deban cumplir su aislamiento de 7 días en un hotel. En este sentido, no habría cambios con respecto a como fue hasta ahora, en que las personas que resultan positivas son puestas bajo el protocolo de Nación y la Ciudad aporta el hotel y el equipo médico.

En la Ciudad, sin embargo, no aclararon quién se haría cargo de pagar esa estadía, si el propio viajero o el Gobierno porteño, como fue hasta ahora.

¿Qué pasaría con los pasajeros que viven en la Ciudad y que a su regreso dan negativo de Covid en el test en Ezeiza? El Gobierno porteño evalúa derivarlos a sus domicilios para que hagan allí la cuarentena durante una semana.

Las autoridades les harían un seguimiento, primero telefónico. Pero si al tercer día, una persona que debe estar aislada no responde, se realizaría una visita al domicilio.

En la Provincia de Buenos Aires, en tanto, no definieron cuál será la modalidad de la cuarentena de los viajeros Aunque por lo que dejaron entrever hasta ahora, no tienen mucha confianza en que la gente respete el aislamiento en el domicilio. En la Provincia están preocupados por el comportamiento de los bonaerenses que vienen de viajes del exterior. En la primera semana de controles -que se hicieron con funcionarios de Migraciones- detectaron que casi el 40% de los ciudadanos no respetó el aislamiento obligatorio domiciliario de 10 días que dispuso el Consejo Federal de Salud como medida para prevenir la llegada de nuevas variantes de Covid-19.

La segunda semana no fue mucho mejor. Entre el 15 y el 23 de junio mandaron inspectores a Vicente López (28% de incumplimiento); a Almirante Brown (40%); Tigre (15%); 3 de Febrero (27%); Quilmes (33%); La Plata (31%); Bahía Blanca (54% de ausencias en los domicilios); Mar del Plata (58%); Olavarría (25%) y Villa Gesell (34%).

"Es lamentable el comportamiento social", se quejaron en la Gobernación provincial. Asesores de la Gobernación revisaban los detalles del DNU para determinar cómo será la aplicación de las nuevas restricciones en la jurisdicción bonaerense.

En La Plata aseguran que en el fin de semana se diseñara el instrumento jurídico y a partir del lunes entraría en vigencia cuando lo anuncien en forma oficial.

La disposición nacional advierte que quienes incumplan el aislamiento o cualquiera de las otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, serán denunciados penalmente.

Y recuerda que la pena por violar las medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia va de seis meses a dos años de prisión. Además, la sanción prevista para la resistencia o desobediencia a las órdenes emanadas de funcionarios públicos es de 15 días a un año de prisión.