7 de mayo de 2024
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El Gobierno publicó el DNU que habilita acuerdos con laboratorios como Pfizer
Se elimina de la ley la palabra “negligencia”, que había trabado las negociaciones con el laboratorio estadounidense. Se crea un fondo de reparación para pago de indemnizaciones
3 de julio de 2021
El Gobierno oficializó este sábado la modificación a la ley de vacunas que permitirá firmar contratos con Pfizer y otros laboratorios.
Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 431/2021, publicado en el Boletín Oficial, y que denominó como "Marco legal para el desarrollo del plan nacional de vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes".
Tal como había adelantado la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el decreto elimina de la ley la palabra "negligencia", un término que había trabado las negociaciones con Pfizer.
"El presente decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes", señala el texto al momento de explicar las modificaciones.
Y continua: "Se modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, eliminando la causal de 'negligencia' como atributo de responsabilidad del proveedor, para luego definir en los contratos específicos que se firmen en el futuro, las condiciones en que resulta 'conforme' la recepción de las vacunas", señala el texto.
Además, establece "la creación del Fondo de Reparación COVID-19, destinado a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna".
Sobre el monto de la indemnización, explica: "La indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA".
Sobre la constitución del fondo, el artículo 8° especifica: "El fondo deberá constituirse con una suma igual al UNO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (1,25 %) del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas. El Poder Ejecutivo Nacional regulará su modo de constitución, forma de financiamiento y demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento. Una vez constituido, el Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación".
En el artículo 1°, el DNU reemplaza el artículo 3° de la ley 27.573 por el siguiente: "La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la REPÚBLICA ARGENTINA con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación".
Entre los bienes que luego se mencionan figuran "cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central", bienes públicos localizados en el país o en el exterior, bienes diplomáticos, bienes que formen parte de la herencia cultural y "cualquier bien que integre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino".
También se sustituye el artículo 4° que quedó redactado de la siguiente manera: "Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, de conformidad con las Leyes Nros. 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.
Además se incorpora el artículo 8° bis de la Ley N° 27.573, que crea el Fondo de Reparación COVID-19 que tendrá por objeto "el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley".
En la normativa se establece que el reclamo de la indemnización "prescribe a los 3 años". "El cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido”.
rob
Lo hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 431/2021, publicado en el Boletín Oficial, y que denominó como "Marco legal para el desarrollo del plan nacional de vacunación destinado a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19 con inclusión de la protección de los niños, las niñas y adolescentes".
Tal como había adelantado la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el decreto elimina de la ley la palabra "negligencia", un término que había trabado las negociaciones con Pfizer.
"El presente decreto tiene como uno de sus objetivos la adecuación de la normativa vigente con el fin de posibilitar la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y el acceso a las mismas por parte de la población, en especial, para los niños, las niñas y adolescentes", señala el texto al momento de explicar las modificaciones.
Y continua: "Se modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, eliminando la causal de 'negligencia' como atributo de responsabilidad del proveedor, para luego definir en los contratos específicos que se firmen en el futuro, las condiciones en que resulta 'conforme' la recepción de las vacunas", señala el texto.
Además, establece "la creación del Fondo de Reparación COVID-19, destinado a aquellas personas que eventualmente padezcan un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna".
Sobre el monto de la indemnización, explica: "La indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA".
Sobre la constitución del fondo, el artículo 8° especifica: "El fondo deberá constituirse con una suma igual al UNO COMA VEINTICINCO POR CIENTO (1,25 %) del valor FCA (Free Carrier, según Incoterms 2020) por dosis de las vacunas suministradas. El Poder Ejecutivo Nacional regulará su modo de constitución, forma de financiamiento y demás aspectos necesarios para su correcto funcionamiento. Una vez constituido, el Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación".
En el artículo 1°, el DNU reemplaza el artículo 3° de la ley 27.573 por el siguiente: "La renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, de conformidad con lo establecido en el artículo 2°, no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la REPÚBLICA ARGENTINA con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación".
Entre los bienes que luego se mencionan figuran "cualquier bien, reserva o cuenta del Banco Central", bienes públicos localizados en el país o en el exterior, bienes diplomáticos, bienes que formen parte de la herencia cultural y "cualquier bien que integre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino".
También se sustituye el artículo 4° que quedó redactado de la siguiente manera: "Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, de conformidad con las Leyes Nros. 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado y normas concordantes, complementarias y modificatorias”.
Además se incorpora el artículo 8° bis de la Ley N° 27.573, que crea el Fondo de Reparación COVID-19 que tendrá por objeto "el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley".
En la normativa se establece que el reclamo de la indemnización "prescribe a los 3 años". "El cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido”.
rob