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24 de abril de 2024
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Pelea entre inmobiliarios y martilleros en San Juan
16 de mayo de 2011
El Diario de Cuyo publicó “La histórica pelea legal entre martilleros y empresarios inmobiliarios tuvo un nuevo capítulo al conocerse un fallo en primera instancia de la justicia penal local contra la dueña de una reconocida inmobiliaria sanjuanina acusada de "Usurpación de títulos y honores", por no tener título habilitante para actuar como corredora inmobiliaria, ni estar matriculada en el Colegio de Martilleros y Corredores de San Juan.

Al respecto, los empresarios inmobiliarios dicen que no existe una ley que los obligue a matricularse junto con los martilleros y que por eso están tramitando en la Legislatura provincial, desde el año 2009, la creación de su propia entidad; el Colegio de Corredores públicos inmobiliarios.

Por su parte, los martilleros no quieren dar el brazo a torcer y dicen que eso no puede ser, porque hay una vieja ley que aúna a las dos profesiones y que ya existe una colegiatura para las dos profesiones en la provincia.

Este tema no es privativo de San Juan, sino que se ha venido repitiendo en todas las provincias argentinas.

Pero muchas de ellas lo han solucionado creando colegiaturas para ambas profesiones por separado, "como ocurre en Mendoza, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Misiones, Corrientes, Chaco y Córdoba'', señala Rafael García Pareja, representante en San Juan de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA).

Con la creación del colegio propio los empresarios inmobiliarios locales quieren zanjear lo que para ellos es un "vacío legal" y matricular como habilitados a empresarios "idóneos'' que no tienen título pero si muchos años de experiencia en el rubro.

El Consejo de Martillero y Corredores, señaló que "los inmobiliarios son corredores clandestinos e ilegítimos, que deben cumplir la ley, saquen el título, se matriculen y luego ejerzan el comercio. Nadie puede ejercer sin tener título habilitante, lo dice una ley nacional”.

En San Juan el primer título que otorgó la Universidad Católica data de 1998 y desde entonces hubo un plazo para equiparar los profesionales habilitados a los universitarios y muchos empresarios no lo hicieron.

La entidad ha denunciado a 34 inmobiliarias desde el 2006.