26 de abril de 2024
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Por Sofía Wachler
Intervención en la UOCRA: ¿camino a la transparencia?
20 de octubre de 2008
La semana pasada, a través de un comunicado, la UOCRA expresó que "frente a los graves y reiterados incidentes ocurridos en las dos últimas semanas en la sede de las seccionales Lomas de Zamora, que involucran a las autoridades de dicha seccional y que han repercutido en la seccional Quilmes, la UOCRA Central ha decidido la intervención gremial de ambas seccionales, a efectos de garantizar la debida defensa de los derechos de los trabajadores de ambas jurisdicciones, en virtud del principio inalterable de libertad sindical que garantice la participación de todos los trabajadores".
El enfrentamiento dejó 4 heridos de bala, pero no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, ya que la entidad gremial tiene una larguísima historia de episodios de violencia y no es precisamente por los efectos revitalizantes del hormigón cuando fragua.
En este caso llama la atención que el propio Gerardo Martinez, secretario general del gremio, haya solicitado la intervención.
La pelea de fondo siempre fue, es y ¿será?, por la caja, nada despreciable porque actualmente la entidad gremial cuenta con 360.000 afiliados y recibe ingresos en concepto de cuota sindical, subsidios del Estado y otros.
Los niveles más bajos de afiliación, UOCRA los tuvo en 1991, plena hiperinflación, de tan sólo 95.000 afiliados y en el 2002, de 180.000, exactamente la mitad de los actuales.
Aunque no trascendió, desarrolladores, constructores y profesionales de la construcción, del cono urbano bonaerense "respiraron aliviados" ante esta medida, no saben por cuánto tiempo, pero se relajaron, luego de "tantas tensiones y presiones" que venían recibiendo desde el 2005 cuando se reactivó la industria de la construcción.
Anónimamente, un constructor enfatizó "desde hace dos años, los de la UOCRA no coimean, prefieren que les pongas los obreros en blanco y les pagues la cuota sindical".
El testimonio de un lector de un diario nacional en su página web, es contundente "el Pata Medina, al mando de la UOCRA en La Plata, obligaba a todas las obras que no tienen afiliados al gremio a que metan a uno de los suyos, y si no, le tenían que dar una suma que hace un año era de alrededor de $ 2000 mensuales, de negarse a cualquiera de las dos, le pararían la obra (han parado algunas obras por meses). Ni hablar de las 'donaciones de materiales' que las empresas que construyen tienen que hacerle al sindicato...".
Patricia Bullrich comentó que cuando era ministra de Trabajo en el gobierno de Fernando de la Rúa recibió "una cantidad de denuncias de particulares y empresas y que cada vez que querían iniciar una obra recibían la visita de la patota (miembros del sindicato de la construcción de La Plata) obligándolos a que contratasen a las empresas ligadas al sindicato a precios exorbitantes y si se negaban, les golpeaban a los hijos, les rompían los coches y las casas".
El problema reveló un profesional de la construcción "no es contratar personal impuesto por la UOCRA sino que imponen condiciones difíciles de cumplimentar (algunos sólo quieren trabajar de lunes a viernes, por ejemplo) pero, lo más grave es que vienen entrenados para "operar como un factor paralizante y de choque" en las obras.
En el 2001, algunos sindicalistas en el poder fueron denunciados por malversación de fondos y cohecho a través de una investigación periodística muy difundida en todos los medios.
En realidad, no se trata de nombres de sindicalistas sino que es una situación que se repite en todo el país y que "pone palos en la rueda" cada vez que la actividad de la construcción pasa por un buen momento o en realidad "se reactiva" a la luz de los ciclos erráticos de la economía argentina.
Por eso –como dicen los constructores, aquellos que construyen y no "destruyen" en el amplio sentido del término, con todas sus implicancias éticas, filosóficas y de índole moral "cómo les explicamos a quienes confían en nosotros cuando una edificación sufre demoras o paralizaciones por problemas gremiales".
Además de estos temas, se han sumado, otros muchísimos más graves, en varias localidades del Gran Buenos Aires, sobre todo, frente a un futuro panorama recesivo, funcionarios "desesperados" por temor a la merma de sus "ingresos", presionan para aprobar permisos de construcción o para no paralizar obras comenzadas, con exigencias que pueden llegan hasta el 5% del valor total de la obra.
Quieren el dinero en dólares al contado, "ya" y no entienden razones, si se les trata de explicar, por ejemplo, que no son cifras fácilmente justificables por las ajustadas rentabilidades actuales, o porque la existencia de un fideicomiso lo hace inviable o es una obra al costo, en fin… Un tema para estar muy atento y en alerta.
¿Las buenas prácticas transparentes son meras utopías en la Argentina?
El enfrentamiento dejó 4 heridos de bala, pero no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características, ya que la entidad gremial tiene una larguísima historia de episodios de violencia y no es precisamente por los efectos revitalizantes del hormigón cuando fragua.
En este caso llama la atención que el propio Gerardo Martinez, secretario general del gremio, haya solicitado la intervención.
La pelea de fondo siempre fue, es y ¿será?, por la caja, nada despreciable porque actualmente la entidad gremial cuenta con 360.000 afiliados y recibe ingresos en concepto de cuota sindical, subsidios del Estado y otros.
Los niveles más bajos de afiliación, UOCRA los tuvo en 1991, plena hiperinflación, de tan sólo 95.000 afiliados y en el 2002, de 180.000, exactamente la mitad de los actuales.
Aunque no trascendió, desarrolladores, constructores y profesionales de la construcción, del cono urbano bonaerense "respiraron aliviados" ante esta medida, no saben por cuánto tiempo, pero se relajaron, luego de "tantas tensiones y presiones" que venían recibiendo desde el 2005 cuando se reactivó la industria de la construcción.
Anónimamente, un constructor enfatizó "desde hace dos años, los de la UOCRA no coimean, prefieren que les pongas los obreros en blanco y les pagues la cuota sindical".
El testimonio de un lector de un diario nacional en su página web, es contundente "el Pata Medina, al mando de la UOCRA en La Plata, obligaba a todas las obras que no tienen afiliados al gremio a que metan a uno de los suyos, y si no, le tenían que dar una suma que hace un año era de alrededor de $ 2000 mensuales, de negarse a cualquiera de las dos, le pararían la obra (han parado algunas obras por meses). Ni hablar de las 'donaciones de materiales' que las empresas que construyen tienen que hacerle al sindicato...".
Patricia Bullrich comentó que cuando era ministra de Trabajo en el gobierno de Fernando de la Rúa recibió "una cantidad de denuncias de particulares y empresas y que cada vez que querían iniciar una obra recibían la visita de la patota (miembros del sindicato de la construcción de La Plata) obligándolos a que contratasen a las empresas ligadas al sindicato a precios exorbitantes y si se negaban, les golpeaban a los hijos, les rompían los coches y las casas".
El problema reveló un profesional de la construcción "no es contratar personal impuesto por la UOCRA sino que imponen condiciones difíciles de cumplimentar (algunos sólo quieren trabajar de lunes a viernes, por ejemplo) pero, lo más grave es que vienen entrenados para "operar como un factor paralizante y de choque" en las obras.
En el 2001, algunos sindicalistas en el poder fueron denunciados por malversación de fondos y cohecho a través de una investigación periodística muy difundida en todos los medios.
En realidad, no se trata de nombres de sindicalistas sino que es una situación que se repite en todo el país y que "pone palos en la rueda" cada vez que la actividad de la construcción pasa por un buen momento o en realidad "se reactiva" a la luz de los ciclos erráticos de la economía argentina.
Por eso –como dicen los constructores, aquellos que construyen y no "destruyen" en el amplio sentido del término, con todas sus implicancias éticas, filosóficas y de índole moral "cómo les explicamos a quienes confían en nosotros cuando una edificación sufre demoras o paralizaciones por problemas gremiales".
Además de estos temas, se han sumado, otros muchísimos más graves, en varias localidades del Gran Buenos Aires, sobre todo, frente a un futuro panorama recesivo, funcionarios "desesperados" por temor a la merma de sus "ingresos", presionan para aprobar permisos de construcción o para no paralizar obras comenzadas, con exigencias que pueden llegan hasta el 5% del valor total de la obra.
Quieren el dinero en dólares al contado, "ya" y no entienden razones, si se les trata de explicar, por ejemplo, que no son cifras fácilmente justificables por las ajustadas rentabilidades actuales, o porque la existencia de un fideicomiso lo hace inviable o es una obra al costo, en fin… Un tema para estar muy atento y en alerta.
¿Las buenas prácticas transparentes son meras utopías en la Argentina?