La semana pasada, en ambas cámaras legislativas se intentó por todos los medios aprobar con modificaciones la ley 24374, llamada �ley Pierri", que originalmente posibilitaba que un ocupante �ilegal� de un terreno que no era reclamado por sus dueños durante un número determinado de años, pudiera convertirse en propietario.

Pero como el Senado la modificó, nuevamente volvió a la Cámara de Diputados y por falta de quórum, pese a los denodados intentos del oficialismo para su tratamiento, pasó para marzo.

La ley original era de carácter transitorio y se presentó como una solución para regularizar la posesión dominial de familias de bajos recursos que ocupaban viviendas en La Matanza.

Estaba destinada a permitir escriturar algunos de los lotes de terrenos fraccionados destinados a vivienda, vendidos en cuotas, de acuerdo a la ley 14.005 sancionada en 1950. En la práctica , como muchas empresas e inmobiliarias habían dejado de funcionar, a los adquirentes les resultaba imposible escriturar.

Para acceder a este beneficio se debía demostrar al menos tres años de ocupación pacífica de la vivienda (sin controversia judicial sobre la propiedad) con anterioridad al 1/1/92, y cuyo destino principal fuera el de casa habitación única y permanente.

El ocupante �ilegal� debía inscribirse en algunos de los 204 centros de regularización dominial (o Casas de Tierras), con algún papel o testigos que certificarán la tenencia del lote o la vivienda y pagar el uno por ciento de la valuación fiscal del terreno y al cabo de diez años era su propietario.

El artículo 1 de la ley Pierri fue modificado �Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa licita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante cinco años, ( no tres como en la original) respecto de inmuebles edificados que tengan.

Hay otras consideraciones legales, pero muchos expertos señalan que en realidad se estaría estableciendo en la práctica el �estatuto del ocupa�, en desmedro de los titulares del dominio.

Sin entrar en cuestiones legales y sólo para ejemplificar, una familia viaja al exterior o al interior del país con un contrato por 10 años, sigue pagando los impuestos, le ocupan la casa y el ocupante también paga. ¿El Estado advertirá el doble pago? Transcurrido el plazo legal el legítimo dueño está desposeído.

En off, los conocedores del tema sostienen que se tiende al blanqueo de la posesión de quienes no tienen título de propiedad y existen serias y fundadas sospechas que es una forma legal de legitimar y fomentar las usurpaciones. También, favorecer la usurpación de viviendas que nadie reclama.

Ante los muchos interrogantes que la norma plantea, algunos legisladores tuvieron que salir a aclarar que �este procedimiento no reemplaza el recurso de usucapión previsto en el Código Civil (aquel que permite acceder a la propiedad habiendo pasado 20 años de ocupación pacífica y continúa).

En su defensa sostuvieron que esta ley � que no es la primera vez que se intenta volver a poner en vigencia � tiene como finalidad regularizar el dominio de aquellas personas que ocupen viviendas populares y que posean documentos de dominio informales...

Lo cierto, y que nadie comenta, al menos públicamente, es que varias organizaciones defensoras de los derechos a la vivienda propia (artículo 14 bis de la Constitución Nacional) están haciendo lobby para que esta ley se promulgue. Es más, han elaborado estrategias de marketing de �cómo usurpar un terreno, vivienda� de acuerdo a la zona que se trate. También cuentan con asesoramiento legal...

Algunas de estas organizaciones y redes sociales para la defensa del hábitat cuentan con importantes fondos internacionales y todas sus reuniones se realizan en lugares como San Martín de los Andes, Iguazú.

Eso sí, el mate es infaltable, también el comentario de las conclusiones de los seminarios a los que asisten en Etiopía, Dubai y cómo aplicarlas en el país, en materia de vivienda.

sofiaw@asteriscos.tv