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Por Nino Fernández
Ley de riesgo de trabajo: ¿Solución o problema?
21 de julio de 2005
Es uno de los grandes dolores de cabeza que padecen las Pymes y ha sido factor determinante de la quiebra de más de una empresa en los últimos tiempos.
Es que algunos expertos vienen advirtiendo que las distorsiones que plantea la resolución de los accidentes de trabajo han puesto al mercado laboral de cara a una nueva ‘industria del juicio’.
Está en juego la rentabilidad y muchas veces hasta la continuidad de las empresas, pero también el resarcimiento por pérdida parcial o total de los trabajadores, un dato que en medio de la disputa tiende a minimizarse.
Y por si fuera poco, desde uno de los sectores enfrentados denuncian que también está en juego el ‘negocio’de muchos abogados.
Esta complejidad de intereses explica por qué el proyecto de reforma a la ley de Riesgo de Trabajo sigue guardado en un despacho del Poder Ejecutivo y prácticamente se descarta su envío al Congreso antes de las elecciones de octubre.
Según una fuente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) unas 400 personas mueren por año en accidentes laborales entre las Pymes y una parte importante de ese total corresponde a empleados de empresas que carecen de normas mínimas de prevención, no cuentan con la cobertura de una ART o solo tiene en blanco a una porción de su personal
Tira y afloje
El problema de los accidentes laborales afecta a todas las empresas. Y más allá de que buena parte de las Pymes carecen de la correspondiente cobertura en riesgo de trabajo, lo que las expone a serias consecuencias, las que están cubiertas no están libres de derivaciones igualmente gravosas.
Ocurre que cuando un trabajador se accidenta, la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART) lo indemniza de acuerdo a una tabla predefinida por el daño sufrido, pero si el damnificado considera exiguo el monto resarcitorio puede iniciar acciones legales contra la empresa empleadora.
José Baptista, dirigente de la Cámara de Bulones y Tornillos y miembro de la junta directiva de la UIA, define la situación como gravísima para las Pymes porque “los abogados no tienen idea de la situación de estas empresas y desconocen que un juicio de 100.000 pesos puede decretar la quiebra de muchas empresas”.
Si bien desde el segmento empresario se admite que el tarifario de indemnizaciones utilizado por las ART es en ocasiones poco equitativo, no entienden porqué los empleadores deben hacerse cargo de la diferencia. Daniel Hirsch, vicepresidente de Industrias David Hirsch dice que “hace un tiempo un empleado tenía un esguince de rodilla y según él requería una intervención quirúrgica. Para la ART el problema era anterior y no correspondía operación alguna. En el Dupuitren fallaron lo mismo y como la ART determinó el pago de 9 millones de pesos, el empleado nos demandó por 45 millones”, afirma.
Según Baptista casos como este sobran en la actualidad. “Hay muchos juicios y vaya uno a saber cuantos esperan ver la luz”, dice el dirigente empresario Sin embargo el abogado laboral Héctor Recalde asegura que “los pleitos no solo no subieron sino que bajaron”. En Capital Federal, dice, hay entre 60 y 70 juicios por mes y en La Matanza, para poner otro ejemplo, entre octubre del 2004 y junio del 2005 hubieron 63.
“Detrás de esto hay todo una fábula en defensa de algunos intereses, con lo cual no descarto la existencia de algunas patologías, que hay en todos los ámbitos, como ciertas connivencias corruptas entre los abogados de las partes”, dice Recalde.
Pero el especialista va más allá y afirma que “las Pymes también son víctimas del sistema porque pagan un 500% más de primas que las grandes empresas”.
Mara Bettiol, gerente de la Unión de ART, sostiene que el mercado de riesgo de trabajo es competitivo, pero advierte sobre “la incidencia de los costos fijos por una cuestión de escala, así como el mayor nivel de siniestralidad, la menor prevención y la mayor rotación de trabajadores que tienen las Pymes respecto a las grandes empresas”.
Reforma cuestionada
Tanto Bettiol como Recalde cuestionan la ley vigente.
“Estamos ante una verdadera anomia en el mercado a causa de los artículos objetados por la Corte Suprema y desde ya que la situación no puede seguir siendo simplemente administrada”, afirma Mara Bettiol.
Recalde, pro su parte, sostiene que la Ley “se alza contra la Constitución Nacional y no por casualidad ha sido declarada inconstitucional tres veces por la Corte Suprema”.
La vía para salir de esta situación que una nueva norma, pero la reforma que está en marcha cosecha igualmente críticas de empresarios y sindicatos.
“La reforma que duerme en la ‘Rosada’ está llena de vicios y los intereses en pugna frenan su tratamiento legislativo. Mientras tanto las Pymes vivimos en un estado de angustia permanente por este tema. ¿La solución? Eliminar la posibilidad de la vía judicial o de última, que se encargue el Estado”, dice Baptista. Para el dirigente empresario el tema se debe manejar entre la UIA, la Corte Suprema y el Ministerio de Trabajo.
Otros empresarios en tanto ponen el grito en el cielo porque de aprobarse el proyecto de reforma aumentará los costos para las empresas. “Todo hace pensar que la tarifa aumentará un punto y medio porcentual de la masa salarial”, admite Baptista.
Por su parte Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica (CGE), que reclama un lugar en la mesa que discute la reforma, asegura que “es evidente que por tratarse de montos impredecibles, nuestros costos serán más altos. Pero también debemos tomar conciencia que se trata de la vida de personas y que debemos capacitarnos para prevenir los accidentes”.
Héctor Recalde en tanto considera que la solución pasa por “un amplio seguro que cubra todo”, pero aclara que antes se debe trabajar mucho en la prevención, la seguridad y la higiene de las empresas.
El abogado laboralista recuerda que cuando se discutía el sistema de riesgo de trabajo se decía que el “costo del seguro se ubicaría en torno al 3 o 4 % de la masa salarial. Se la bajó a 2,1% y se tuvo la ley que se tuvo. Ahora se dan cuenta que hay que mejorarla y se vuelve a hablar del 3,5% de la masa salarial”.
Algunos analistas del mercado de seguros consideran que la reforma que se promueve no deja de ser un parche, y ponderan en cambio acciones como el Programa para la Prevención de Accidentes de Trabajo en Pymes, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que apunta a trabajar sobre las causas de la siniestralidad laboral.
En definitiva como otras grandes ‘reformas estructurales’ llevadas a cabo en la década pasada, el sistema de riesgo de trabajo sigue siendo una promesa de solución, más que las solución concreta y definitiva a determinadas carencias que arrastra el país.
Es que algunos expertos vienen advirtiendo que las distorsiones que plantea la resolución de los accidentes de trabajo han puesto al mercado laboral de cara a una nueva ‘industria del juicio’.
Está en juego la rentabilidad y muchas veces hasta la continuidad de las empresas, pero también el resarcimiento por pérdida parcial o total de los trabajadores, un dato que en medio de la disputa tiende a minimizarse.
Y por si fuera poco, desde uno de los sectores enfrentados denuncian que también está en juego el ‘negocio’de muchos abogados.
Esta complejidad de intereses explica por qué el proyecto de reforma a la ley de Riesgo de Trabajo sigue guardado en un despacho del Poder Ejecutivo y prácticamente se descarta su envío al Congreso antes de las elecciones de octubre.
Según una fuente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) unas 400 personas mueren por año en accidentes laborales entre las Pymes y una parte importante de ese total corresponde a empleados de empresas que carecen de normas mínimas de prevención, no cuentan con la cobertura de una ART o solo tiene en blanco a una porción de su personal
Tira y afloje
El problema de los accidentes laborales afecta a todas las empresas. Y más allá de que buena parte de las Pymes carecen de la correspondiente cobertura en riesgo de trabajo, lo que las expone a serias consecuencias, las que están cubiertas no están libres de derivaciones igualmente gravosas.
Ocurre que cuando un trabajador se accidenta, la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART) lo indemniza de acuerdo a una tabla predefinida por el daño sufrido, pero si el damnificado considera exiguo el monto resarcitorio puede iniciar acciones legales contra la empresa empleadora.
José Baptista, dirigente de la Cámara de Bulones y Tornillos y miembro de la junta directiva de la UIA, define la situación como gravísima para las Pymes porque “los abogados no tienen idea de la situación de estas empresas y desconocen que un juicio de 100.000 pesos puede decretar la quiebra de muchas empresas”.
Si bien desde el segmento empresario se admite que el tarifario de indemnizaciones utilizado por las ART es en ocasiones poco equitativo, no entienden porqué los empleadores deben hacerse cargo de la diferencia. Daniel Hirsch, vicepresidente de Industrias David Hirsch dice que “hace un tiempo un empleado tenía un esguince de rodilla y según él requería una intervención quirúrgica. Para la ART el problema era anterior y no correspondía operación alguna. En el Dupuitren fallaron lo mismo y como la ART determinó el pago de 9 millones de pesos, el empleado nos demandó por 45 millones”, afirma.
Según Baptista casos como este sobran en la actualidad. “Hay muchos juicios y vaya uno a saber cuantos esperan ver la luz”, dice el dirigente empresario Sin embargo el abogado laboral Héctor Recalde asegura que “los pleitos no solo no subieron sino que bajaron”. En Capital Federal, dice, hay entre 60 y 70 juicios por mes y en La Matanza, para poner otro ejemplo, entre octubre del 2004 y junio del 2005 hubieron 63.
“Detrás de esto hay todo una fábula en defensa de algunos intereses, con lo cual no descarto la existencia de algunas patologías, que hay en todos los ámbitos, como ciertas connivencias corruptas entre los abogados de las partes”, dice Recalde.
Pero el especialista va más allá y afirma que “las Pymes también son víctimas del sistema porque pagan un 500% más de primas que las grandes empresas”.
Mara Bettiol, gerente de la Unión de ART, sostiene que el mercado de riesgo de trabajo es competitivo, pero advierte sobre “la incidencia de los costos fijos por una cuestión de escala, así como el mayor nivel de siniestralidad, la menor prevención y la mayor rotación de trabajadores que tienen las Pymes respecto a las grandes empresas”.
Reforma cuestionada
Tanto Bettiol como Recalde cuestionan la ley vigente.
“Estamos ante una verdadera anomia en el mercado a causa de los artículos objetados por la Corte Suprema y desde ya que la situación no puede seguir siendo simplemente administrada”, afirma Mara Bettiol.
Recalde, pro su parte, sostiene que la Ley “se alza contra la Constitución Nacional y no por casualidad ha sido declarada inconstitucional tres veces por la Corte Suprema”.
La vía para salir de esta situación que una nueva norma, pero la reforma que está en marcha cosecha igualmente críticas de empresarios y sindicatos.
“La reforma que duerme en la ‘Rosada’ está llena de vicios y los intereses en pugna frenan su tratamiento legislativo. Mientras tanto las Pymes vivimos en un estado de angustia permanente por este tema. ¿La solución? Eliminar la posibilidad de la vía judicial o de última, que se encargue el Estado”, dice Baptista. Para el dirigente empresario el tema se debe manejar entre la UIA, la Corte Suprema y el Ministerio de Trabajo.
Otros empresarios en tanto ponen el grito en el cielo porque de aprobarse el proyecto de reforma aumentará los costos para las empresas. “Todo hace pensar que la tarifa aumentará un punto y medio porcentual de la masa salarial”, admite Baptista.
Por su parte Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica (CGE), que reclama un lugar en la mesa que discute la reforma, asegura que “es evidente que por tratarse de montos impredecibles, nuestros costos serán más altos. Pero también debemos tomar conciencia que se trata de la vida de personas y que debemos capacitarnos para prevenir los accidentes”.
Héctor Recalde en tanto considera que la solución pasa por “un amplio seguro que cubra todo”, pero aclara que antes se debe trabajar mucho en la prevención, la seguridad y la higiene de las empresas.
El abogado laboralista recuerda que cuando se discutía el sistema de riesgo de trabajo se decía que el “costo del seguro se ubicaría en torno al 3 o 4 % de la masa salarial. Se la bajó a 2,1% y se tuvo la ley que se tuvo. Ahora se dan cuenta que hay que mejorarla y se vuelve a hablar del 3,5% de la masa salarial”.
Algunos analistas del mercado de seguros consideran que la reforma que se promueve no deja de ser un parche, y ponderan en cambio acciones como el Programa para la Prevención de Accidentes de Trabajo en Pymes, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que apunta a trabajar sobre las causas de la siniestralidad laboral.
En definitiva como otras grandes ‘reformas estructurales’ llevadas a cabo en la década pasada, el sistema de riesgo de trabajo sigue siendo una promesa de solución, más que las solución concreta y definitiva a determinadas carencias que arrastra el país.