24 de abril de 2024
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Por Nino Fernández
Riesgos del trabajo: ¿En crisis sin retorno?
16 de junio de 2007
Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) durante el año pasado habrían fallecido unos 600 trabajadores en el ámbito laboral, 15% más que en el 2005.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) acaba de informar que en el 2006 se notificaron 11.697 juicios por accidentes laborales y que este año esperan una cifra cercana a las 18.000 demandas por ese concepto.
Con estos datos sobre la mesa no hace falta ser un especialista para darse cuenta que el sistema deja mucho que desear, sobretodo cuando se recuerda los tres principales factores que motorizaron la aplicación de la normativa vigente: reducir el costo de la mano de obra, contribuir a una mayor prevención de accidentes laborales y reducir la carga de litigios en esta materia.
En crisis desde septiembre de 2004, cuando la Corte Suprema, habilitó la vía judicial como alternativa ampliatoria de los valores indemnizatorios a cargo de las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), el sistema se ha transformado en una espada de Damocles para infinidad de empresas.
El tema preocupa en demasía a los pequeños y medianos empresarios, que no solo pagan primas varias veces superiores a las de las grandes empresas, sino que además suelen enfrentar juicios de trabajadores accidentados que pueden llevarlos a la ruina.
Por eso las Pymes han pasado a ser las grandes perdedoras de un sistema, que al parecer, se encamina a correr la misma suerte que otras reformas “estructurales” de los 90.
Todos los caminos conducen a la nueva ley que el Poder Ejecutivo mantiene bajo siete llaves y que difícilmente llegue al Congreso durante el actual período legislativo.
En el Gobierno se llaman a silencio y apuntan hacia otro lado. Afirman que en breve se tratará en el Congreso un aumento en las indemnizaciones a cargo de las ART y que próximamente entrará en vigencia un sistema que apunta a promover la prevención de accidentes laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en las Pymes locales.
Más accidentes y más juicios
La tensión en las cámaras empresarias por este tema se agravó en la última semana con el caso Llosco, un trabajador jujeño que tras ser indemnizado por la ART demandó a su empleador, planteando la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, lo que fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, la cual amparándose en los fallos anteriores determinó que “las disposiciones que establecen la relación entre el damnificado y la ART son independientes de las que rigen el vínculo entre aquel y su empleador”.
Desde las entidades empresarias se insiste que está en marcha una reedición de la ‘industria del juicio’ y que esta situación desalienta la inversión y aumenta los costos de producción.
El problema es más serio de lo que parece: los accidentes y juicios laborales se multiplican y no se ve una solución al embrollo, por lo menos en lo inmediato.
Héctor Verón, superintendente de Riesgo de Trabajo, asegura que “la tasa de accidentes laborales ha seguido incrementándose en los últimos tiempos, sobre todo en accidentes mortales y es el segmento de las Pymes el que hay que mirar, porque allí se producen más del 50 por ciento de los casos fatales”.
No opinan lo mismo en la UART. En la reciente Conferencia General de Seguros, un funcionario de esa entidad admitió que la tasa de accidentes laborales se incrementa pero en menor medida respecto a otros años, porque existe una mayor conciencia preventiva de las empresas.
Sin embargo parece estar por lo menos en discusión el grado de prevención existente entre las pequeñas y medianas empresas.
“Las Pymes en general previenen muy poco y siempre están expuestas a accidentes de sus trabajadores, ya sea porque compran y usan maquinaria usada o por falta de una correcta capacitación de los operarios en el manejo de las herramientas”, dice Pedro Núñez, asesor legal de la Unión Industrial de la Argentina (UIA).
Según el último relevamiento del Observatorio Pyme el 40% de la maquinaria utilizada en las Pymes industriales es antigua. Y la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas –Herramientas, Accesorios y Afines (AAFMHA) asegura que las importaciones de maquinaria usada es un fenómeno en crecimiento.
Para el abogado Ricardo Spivak, asesor de la Confederación General Económica (CGE) las modestas políticas de prevención de las Pymes no obedecen a una falta de conciencia sobre el tema sino al grado de recuperación de los negocios de las empresas respecto a la Gran Crisis.
“No olvidemos que hace unos años estábamos en el infierno. Muchas se recuperaron y están mejor, pero no son pocas las que siguen con poco margen de rentabilidad y no advierten señales claras para invertir en nueva maquinaria”.
Spivak agrega que el sistema no ofrece certezas al empresario y que las carencias de la ley se tapan con parches que ayudan poco y nada.
¿El aumento de las indemnizaciones a cargo de las ART propuesto por el diputado Héctor Recalde es un parche?.
Por supuesto. Porque no soluciona el problema de fondo, asegura Spivak.
Lo que viene
Nicolás Pancheli, secretario de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, confirma que el proyecto de aumento de las indemnizaciones por accidentes laborales está en esa comisión y sin dictamen.
“La idea es llevar las indemnizaciones a un monto máximo de 300 mil pesos y subir igualmente todas las prestaciones por incapacidad parcial”, dice el funcionario legislativo, quien estima que el proyecto podría bajar al recinto a principios de julio.
En la actualidad el máximo resarcimiento por este concepto, correspondiente a un accidente seguido de muerte se ubica en 230 mil pesos. Y desde la UART ya advirtieron que un eventual aumento de las indemnizaciones se verá reflejado en las alícuotas que pagan las empresas.
En el fondo de esta compleja situación lo que parecería estar en juego es la naturaleza privada y con fines de lucro del actual régimen de riesgos de trabajo.
“Se puede mejorar sin salir del sistema, pero se debe poner mas énfasis en la prevención y tratar de ser más equitativo con respecto a las alícuotas que pagan las Pymes. Este es un tema sensible, porque son ellas las que mantienen al sistema de riesgos del trabajo”, dice el superintendente Verón
El funcionario destaca que a principios de julio la dependencia a su cargo, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pondrán en marcha el programa WISE (“Mayor Productividad y un Mejor lugar de Trabajo”, por sus sigla en inglés), que se propone mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, así como el aumento de la productividad laboral de las Pymes manufactureras.
“Esto permitirá que las Pymes puedan mejorar las condiciones de trabajo de forma más económica y que los empresarios, además de preocuparse, se ocupen de trabajar en la prevención y seguridad de sus emprendimientos”, agrega Verón.
El proyecto, que tendrá una duración de 18 meses y en primera instancia abarcará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, será coordinado por Juan Carlos Hiba, un destacado asesor de la OIT, que se ha manifestado a favor de un régimen de riesgos de trabajo sin fines de lucro.
Hace pocos meses en una conferencia organizada por la SRT , Hiba dio su punto de vista acerca de la situación del sistema: “la primera responsabilidad social de las empresas debe ser el respeto a la ley, que no es voluntario sino obligatorio. Y por supuesto que también tienen una cuenta pendiente en este sentido los sindicatos y las ART”, dijo.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART) acaba de informar que en el 2006 se notificaron 11.697 juicios por accidentes laborales y que este año esperan una cifra cercana a las 18.000 demandas por ese concepto.
Con estos datos sobre la mesa no hace falta ser un especialista para darse cuenta que el sistema deja mucho que desear, sobretodo cuando se recuerda los tres principales factores que motorizaron la aplicación de la normativa vigente: reducir el costo de la mano de obra, contribuir a una mayor prevención de accidentes laborales y reducir la carga de litigios en esta materia.
En crisis desde septiembre de 2004, cuando la Corte Suprema, habilitó la vía judicial como alternativa ampliatoria de los valores indemnizatorios a cargo de las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), el sistema se ha transformado en una espada de Damocles para infinidad de empresas.
El tema preocupa en demasía a los pequeños y medianos empresarios, que no solo pagan primas varias veces superiores a las de las grandes empresas, sino que además suelen enfrentar juicios de trabajadores accidentados que pueden llevarlos a la ruina.
Por eso las Pymes han pasado a ser las grandes perdedoras de un sistema, que al parecer, se encamina a correr la misma suerte que otras reformas “estructurales” de los 90.
Todos los caminos conducen a la nueva ley que el Poder Ejecutivo mantiene bajo siete llaves y que difícilmente llegue al Congreso durante el actual período legislativo.
En el Gobierno se llaman a silencio y apuntan hacia otro lado. Afirman que en breve se tratará en el Congreso un aumento en las indemnizaciones a cargo de las ART y que próximamente entrará en vigencia un sistema que apunta a promover la prevención de accidentes laborales y la mejora de las condiciones de trabajo en las Pymes locales.
Más accidentes y más juicios
La tensión en las cámaras empresarias por este tema se agravó en la última semana con el caso Llosco, un trabajador jujeño que tras ser indemnizado por la ART demandó a su empleador, planteando la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo, lo que fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación, la cual amparándose en los fallos anteriores determinó que “las disposiciones que establecen la relación entre el damnificado y la ART son independientes de las que rigen el vínculo entre aquel y su empleador”.
Desde las entidades empresarias se insiste que está en marcha una reedición de la ‘industria del juicio’ y que esta situación desalienta la inversión y aumenta los costos de producción.
El problema es más serio de lo que parece: los accidentes y juicios laborales se multiplican y no se ve una solución al embrollo, por lo menos en lo inmediato.
Héctor Verón, superintendente de Riesgo de Trabajo, asegura que “la tasa de accidentes laborales ha seguido incrementándose en los últimos tiempos, sobre todo en accidentes mortales y es el segmento de las Pymes el que hay que mirar, porque allí se producen más del 50 por ciento de los casos fatales”.
No opinan lo mismo en la UART. En la reciente Conferencia General de Seguros, un funcionario de esa entidad admitió que la tasa de accidentes laborales se incrementa pero en menor medida respecto a otros años, porque existe una mayor conciencia preventiva de las empresas.
Sin embargo parece estar por lo menos en discusión el grado de prevención existente entre las pequeñas y medianas empresas.
“Las Pymes en general previenen muy poco y siempre están expuestas a accidentes de sus trabajadores, ya sea porque compran y usan maquinaria usada o por falta de una correcta capacitación de los operarios en el manejo de las herramientas”, dice Pedro Núñez, asesor legal de la Unión Industrial de la Argentina (UIA).
Según el último relevamiento del Observatorio Pyme el 40% de la maquinaria utilizada en las Pymes industriales es antigua. Y la Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas –Herramientas, Accesorios y Afines (AAFMHA) asegura que las importaciones de maquinaria usada es un fenómeno en crecimiento.
Para el abogado Ricardo Spivak, asesor de la Confederación General Económica (CGE) las modestas políticas de prevención de las Pymes no obedecen a una falta de conciencia sobre el tema sino al grado de recuperación de los negocios de las empresas respecto a la Gran Crisis.
“No olvidemos que hace unos años estábamos en el infierno. Muchas se recuperaron y están mejor, pero no son pocas las que siguen con poco margen de rentabilidad y no advierten señales claras para invertir en nueva maquinaria”.
Spivak agrega que el sistema no ofrece certezas al empresario y que las carencias de la ley se tapan con parches que ayudan poco y nada.
¿El aumento de las indemnizaciones a cargo de las ART propuesto por el diputado Héctor Recalde es un parche?.
Por supuesto. Porque no soluciona el problema de fondo, asegura Spivak.
Lo que viene
Nicolás Pancheli, secretario de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, confirma que el proyecto de aumento de las indemnizaciones por accidentes laborales está en esa comisión y sin dictamen.
“La idea es llevar las indemnizaciones a un monto máximo de 300 mil pesos y subir igualmente todas las prestaciones por incapacidad parcial”, dice el funcionario legislativo, quien estima que el proyecto podría bajar al recinto a principios de julio.
En la actualidad el máximo resarcimiento por este concepto, correspondiente a un accidente seguido de muerte se ubica en 230 mil pesos. Y desde la UART ya advirtieron que un eventual aumento de las indemnizaciones se verá reflejado en las alícuotas que pagan las empresas.
En el fondo de esta compleja situación lo que parecería estar en juego es la naturaleza privada y con fines de lucro del actual régimen de riesgos de trabajo.
“Se puede mejorar sin salir del sistema, pero se debe poner mas énfasis en la prevención y tratar de ser más equitativo con respecto a las alícuotas que pagan las Pymes. Este es un tema sensible, porque son ellas las que mantienen al sistema de riesgos del trabajo”, dice el superintendente Verón
El funcionario destaca que a principios de julio la dependencia a su cargo, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pondrán en marcha el programa WISE (“Mayor Productividad y un Mejor lugar de Trabajo”, por sus sigla en inglés), que se propone mejorar las condiciones de trabajo, seguridad, salud y bienestar de los trabajadores, así como el aumento de la productividad laboral de las Pymes manufactureras.
“Esto permitirá que las Pymes puedan mejorar las condiciones de trabajo de forma más económica y que los empresarios, además de preocuparse, se ocupen de trabajar en la prevención y seguridad de sus emprendimientos”, agrega Verón.
El proyecto, que tendrá una duración de 18 meses y en primera instancia abarcará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, será coordinado por Juan Carlos Hiba, un destacado asesor de la OIT, que se ha manifestado a favor de un régimen de riesgos de trabajo sin fines de lucro.
Hace pocos meses en una conferencia organizada por la SRT , Hiba dio su punto de vista acerca de la situación del sistema: “la primera responsabilidad social de las empresas debe ser el respeto a la ley, que no es voluntario sino obligatorio. Y por supuesto que también tienen una cuenta pendiente en este sentido los sindicatos y las ART”, dijo.