19 de abril de 2024
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Por Nino Fernández
Prueba piloto del pacto social de Cristina
2 de noviembre de 2007
El Pacto Social, instrumento con el que Cristina Fernández de Kirchner aspira a enfrentar algunos de los más importantes desafíos que promete su gestión de gobierno, tiene una suerte de prueba piloto en marcha en uno de los sectores de mayor densidad Pyme de la economía.
Se trata de la Mesa de Competitividad, una instancia de debate y búsqueda de soluciones, que integran la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) y el Ministerio de Trabajo, por el lado del Gobierno.
La experiencia, que nació en agosto pasado, abarca un total de 24.000 empresas, correspondientes a 36 sectores metalúrgicos, de diversas realidades.
“Es una buena experiencia, porque en este momento no solo se debe hablar de salarios y de precios, sino también de competitividad en el sentido más amplio. Y esto significa hablar de metas de exportación, de agregar valor a nuestras ventas, de innovar y acercar la investigación y la universidad a las empresas. Para eso se necesita más financiamiento y en definitiva todo esto se va a traducir en mejores salarios”, dice Juan Carlos Lascurain, presidente de ADIMRA, en uso de licencia y actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)
En el Pacto Social están cifradas las esperanzas de muchas cámaras empresarias de ponerle freno a la presión sindical por una mejora continua del poder adquisitivo de los salarios, pero claramente el objetivo enfrenta obstáculos por la existencia de posiciones irreductibles.
“El Pacto Social puede ser una herramienta eficaz para controlar el aumento de precios, porque está claro que la inflación no se frena con medidas ortodoxas. Pero hay que ver cómo se instrumenta y no se debe creer que las partes están obligadas a hacer concesiones: nadie pierde mientras la economía esté en crecimiento”, dice Jorge Schvarzer integrante del Plan Fénix y director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (Cespa).
Por cierto que inflación y puja distributiva no son los únicos temas que preocupan a la comunidad empresaria. Algunos demandan profundizar lo que se ha venido haciendo en promoción de inversiones, comercio exterior y educación técnica. Otros reclaman cambios en la estructura impositiva y también están los que piden mayores recursos para apuntalar la infraestructura.
Uno de los dirigentes empresarios que viene trabajando en el tema del pacto social es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Osvaldo Rial, ya que los equipos técnicos de la entidad conformaron grupos de trabajo con los del gobernador electo bonaerense Daniel Scioli para avanzar en cuestiones centrales en materia de producción.
Rial sostuvo que el desafío de la presidenta electa será "profundizar el actual modelo industrialista, para mejorar el acceso de las empresas al financiamiento".
También consideró que "no habrá que descuidar los mercados externos, que exportan a la Argentina, como el caso de China y su constante amenaza a la industria nacional".
Además, destacó que "los equipos técnicos de la UIPBA han venido trabajando con los de Scioli y se pusieron de acuerdo en la necesidad de llevar adelante algunas medidas, como una ley de promoción industrial, una ventanilla única y la mejora de la infraestructura vial y de puertos".
No alcanza con la continuidad
Así como está claro que la mayoría de los votantes optó por la continuidad de un modelo económico, que las estadísticas - y en este caso, también, la sensación térmica – revelan como exitoso, conviene preguntarse si la continuidad es suficiente reaseguro para consolidar el crecimiento.
Dice Schvarzer que para las Pymes es importante que se mantenga el rumbo económico pero eso solo no alcanza. “El país necesita conformar una red sistémica sólida que debería estructurarse a través de varias patas: creación de nuevas empresas, consolidación de las empresas en el mercado interno y externo y estímulos para promover el crecimiento de las firmas con posibilidades de crecer sin techo”.
“Es necesario prestarle más atención a las Mipymes que generalmente pertenecen a emprendedores con vocación comercial y funcionan como verdaderos tractores sociales, dado que su actividad impacta en su área de influencia en forma directa, generando empleo y en forma indirecta, obligando a desarrollar servicios, afirma Fabián Hryniewicz, titular de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF).
Para Raúl Lamacchia, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), en tanto, se trata de continuar y profundizar las transformaciones para mejorar la competitividad de las empresas. ¿A qué se refiere?.
“Hay que eliminar impuestos distorsivos; mejorar y dar mayor certidumbre en materia laboral, generando un financiamiento a mediano y largo plazo que posibilite un proceso serio, sostenido y agresivo de inversiones, que aumente la potencialidad productiva. Hay que generar además mecanismos útiles que financien la inversión de riesgo para nuevos proyectos o nuevos emprendimientos”, dice Lamachia
En este sentido entre los dirigentes empresarios crece la sensación de que el próximo gobierno redoblará los esfuerzos destinados a promover la inversión productiva.
“Desde hace un tiempo suena muy fuerte la idea de reforzar las líneas de créditos a tasas subsidiadas de la Sepyme, que no se descarta pase a ser Secretaría. Es muy probable además que se modifique la Ley 25924 de Promoción de Inversiones y se da como un hecho que a lo largo del 2008 se apruebe la ley que prevé beneficios impositivos a la reinversión de utilidades de las Pymes”, dijo una importante fuente empresaria que pidió no ser identificada.
La presión impositiva es la gran preocupación en la actividad del Comercio, otro sector dominado por Pymes.
“No se ha avanzado en este tema y por el contrario cada vez se caza más dentro del zoológico. No se han tomado medida que permitan ampliar la base de tributación, con lo cual se recaudaría más al incorporar a empresas que están en la economía informal, posibilitando así una baja en la presión impositiva. Pero además si queremos un país en serio, hay que adoptar medidas que posibiliten a todos los argentinos regularizar su situación ante el fisco”, dice Julita Maristany, presidenta de la Comisión Pyme de la CAC (Cámara Argentina de Comercio)
En la misma línea Hryniewicz reclama “saldar la deuda pendiente con los empresarios que siguen sufriendo los efectos de la crisis económica”, así como regionalizar las discusiones salariales y los temas fiscales.
También desde el interior y desde otro segmento de los servicios, como es el del Software, de notable crecimiento en los últimos tiempos, Eduardo Colomer, presidente de Mendoza Software Factory, advierte que la futura administración de gobierno “mantendrá la línea de crecimiento del país apoyado en las Pymes.
Pero al tratarse de un empresario de la provincia en la que ha gobernado el futuro vicepresidente, del cual, dicho sea de paso, se conoce poco acerca de su “sensibilidad” hacia las Pymes, la pregunta era inevitable: ¿cómo se llevaron los pequeños y medianos empresarios de Mendoza con el gobernador Cobos?.
“Cobos venía de dirigir la Universidad Tecnológica de Mendoza con un perfil más orientado a la educación que a la parte empresarial. De hecho su relación con los empresarios no fue la mejor. En cambio fue muy buena la relación que se estableció con Laura Montero, su ministra de economía, ahora electa diputada nacional”, dice Colomer.
El empresario agrega que el buen momento de la actividad en la provincia se debe al fuerte impulso que precisamente Montero supo darle a la Industria del conocimiento y el apoyo al Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, así como al empuje de la cámara empresaria nacional, que encabeza Carlos Palotti
Hacia el Pacto Social
Hacia el futuro los empresarios coinciden en la preocupación que genera el aumento en los costos de producción, que tiene sus principales vertientes en la actualización de los insumos y los salarios. También preocupa el previsible ajuste en las tarifas de servicios públicos.
“Debería hacerse priorizando el proceso de inversiones, que también debe alcanzar al sector prestador de servicios públicos, avanzado paulatinamente en la disminución de subsidios y ajustando las tarifas, de forma tal de atenuar el impacto en los costos y minimizar el traslado a precios”, dice Lamachia.
Por su parte Raúl Zylbersztein, presidente de la Cámara de la Industria de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) afirma que hace falta una reforma impositiva y avanzar hacia
leyes laborales responsables.
”El Pacto Social debe ser un lugar donde empresarios nacionales, trabajadores y los representantes de las economías regionales podamos pensar cómo y de qué vamos a vivir los cuarenta millones de argentinos en los próximos años”, dice el titular de CIMA.
Juan Carlos Lascurain, titular de la UIA, también saluda la iniciativa de un amplio acuerdo social, destacando la incipiente experiencia de la Mesa de Competitividad que avanza en el seno de la actividad metalúrgica, pero advierte que es necesario cuidar la representatividad de las partes intervinientes.
Aunque el dirigente se excusó de dar detalles, un integrante del lado empresario de la mesa tripartita, reveló que las negociaciones están encarriladas aunque por momentos se traban por las posiciones de cámaras minoritarias, como la de los electrodomésticos de Tierra del Fuego.
La misma fuente aseguró que el comportamiento del sindicato (UOM) es ejemplar. “Son absolutamente concientes del impacto de los aumentos de salarios sobre los costos de producción y están convencidos que se puede alcanzar un punto de equilibrio entre los intereses que ellos defienden y los nuestros”.
La Mesa concluye en estos días la etapa de diagnóstico, tras lo cual iniciará la búsqueda de soluciones al incremento de precios que afectan la competitividad empresaria.
Sin dudas un buen antecedente del Pacto Social que pretende impulsar la futura Presidenta.
Se trata de la Mesa de Competitividad, una instancia de debate y búsqueda de soluciones, que integran la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) y el Ministerio de Trabajo, por el lado del Gobierno.
La experiencia, que nació en agosto pasado, abarca un total de 24.000 empresas, correspondientes a 36 sectores metalúrgicos, de diversas realidades.
“Es una buena experiencia, porque en este momento no solo se debe hablar de salarios y de precios, sino también de competitividad en el sentido más amplio. Y esto significa hablar de metas de exportación, de agregar valor a nuestras ventas, de innovar y acercar la investigación y la universidad a las empresas. Para eso se necesita más financiamiento y en definitiva todo esto se va a traducir en mejores salarios”, dice Juan Carlos Lascurain, presidente de ADIMRA, en uso de licencia y actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)
En el Pacto Social están cifradas las esperanzas de muchas cámaras empresarias de ponerle freno a la presión sindical por una mejora continua del poder adquisitivo de los salarios, pero claramente el objetivo enfrenta obstáculos por la existencia de posiciones irreductibles.
“El Pacto Social puede ser una herramienta eficaz para controlar el aumento de precios, porque está claro que la inflación no se frena con medidas ortodoxas. Pero hay que ver cómo se instrumenta y no se debe creer que las partes están obligadas a hacer concesiones: nadie pierde mientras la economía esté en crecimiento”, dice Jorge Schvarzer integrante del Plan Fénix y director del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (Cespa).
Por cierto que inflación y puja distributiva no son los únicos temas que preocupan a la comunidad empresaria. Algunos demandan profundizar lo que se ha venido haciendo en promoción de inversiones, comercio exterior y educación técnica. Otros reclaman cambios en la estructura impositiva y también están los que piden mayores recursos para apuntalar la infraestructura.
Uno de los dirigentes empresarios que viene trabajando en el tema del pacto social es el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Osvaldo Rial, ya que los equipos técnicos de la entidad conformaron grupos de trabajo con los del gobernador electo bonaerense Daniel Scioli para avanzar en cuestiones centrales en materia de producción.
Rial sostuvo que el desafío de la presidenta electa será "profundizar el actual modelo industrialista, para mejorar el acceso de las empresas al financiamiento".
También consideró que "no habrá que descuidar los mercados externos, que exportan a la Argentina, como el caso de China y su constante amenaza a la industria nacional".
Además, destacó que "los equipos técnicos de la UIPBA han venido trabajando con los de Scioli y se pusieron de acuerdo en la necesidad de llevar adelante algunas medidas, como una ley de promoción industrial, una ventanilla única y la mejora de la infraestructura vial y de puertos".
No alcanza con la continuidad
Así como está claro que la mayoría de los votantes optó por la continuidad de un modelo económico, que las estadísticas - y en este caso, también, la sensación térmica – revelan como exitoso, conviene preguntarse si la continuidad es suficiente reaseguro para consolidar el crecimiento.
Dice Schvarzer que para las Pymes es importante que se mantenga el rumbo económico pero eso solo no alcanza. “El país necesita conformar una red sistémica sólida que debería estructurarse a través de varias patas: creación de nuevas empresas, consolidación de las empresas en el mercado interno y externo y estímulos para promover el crecimiento de las firmas con posibilidades de crecer sin techo”.
“Es necesario prestarle más atención a las Mipymes que generalmente pertenecen a emprendedores con vocación comercial y funcionan como verdaderos tractores sociales, dado que su actividad impacta en su área de influencia en forma directa, generando empleo y en forma indirecta, obligando a desarrollar servicios, afirma Fabián Hryniewicz, titular de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF).
Para Raúl Lamacchia, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), en tanto, se trata de continuar y profundizar las transformaciones para mejorar la competitividad de las empresas. ¿A qué se refiere?.
“Hay que eliminar impuestos distorsivos; mejorar y dar mayor certidumbre en materia laboral, generando un financiamiento a mediano y largo plazo que posibilite un proceso serio, sostenido y agresivo de inversiones, que aumente la potencialidad productiva. Hay que generar además mecanismos útiles que financien la inversión de riesgo para nuevos proyectos o nuevos emprendimientos”, dice Lamachia
En este sentido entre los dirigentes empresarios crece la sensación de que el próximo gobierno redoblará los esfuerzos destinados a promover la inversión productiva.
“Desde hace un tiempo suena muy fuerte la idea de reforzar las líneas de créditos a tasas subsidiadas de la Sepyme, que no se descarta pase a ser Secretaría. Es muy probable además que se modifique la Ley 25924 de Promoción de Inversiones y se da como un hecho que a lo largo del 2008 se apruebe la ley que prevé beneficios impositivos a la reinversión de utilidades de las Pymes”, dijo una importante fuente empresaria que pidió no ser identificada.
La presión impositiva es la gran preocupación en la actividad del Comercio, otro sector dominado por Pymes.
“No se ha avanzado en este tema y por el contrario cada vez se caza más dentro del zoológico. No se han tomado medida que permitan ampliar la base de tributación, con lo cual se recaudaría más al incorporar a empresas que están en la economía informal, posibilitando así una baja en la presión impositiva. Pero además si queremos un país en serio, hay que adoptar medidas que posibiliten a todos los argentinos regularizar su situación ante el fisco”, dice Julita Maristany, presidenta de la Comisión Pyme de la CAC (Cámara Argentina de Comercio)
En la misma línea Hryniewicz reclama “saldar la deuda pendiente con los empresarios que siguen sufriendo los efectos de la crisis económica”, así como regionalizar las discusiones salariales y los temas fiscales.
También desde el interior y desde otro segmento de los servicios, como es el del Software, de notable crecimiento en los últimos tiempos, Eduardo Colomer, presidente de Mendoza Software Factory, advierte que la futura administración de gobierno “mantendrá la línea de crecimiento del país apoyado en las Pymes.
Pero al tratarse de un empresario de la provincia en la que ha gobernado el futuro vicepresidente, del cual, dicho sea de paso, se conoce poco acerca de su “sensibilidad” hacia las Pymes, la pregunta era inevitable: ¿cómo se llevaron los pequeños y medianos empresarios de Mendoza con el gobernador Cobos?.
“Cobos venía de dirigir la Universidad Tecnológica de Mendoza con un perfil más orientado a la educación que a la parte empresarial. De hecho su relación con los empresarios no fue la mejor. En cambio fue muy buena la relación que se estableció con Laura Montero, su ministra de economía, ahora electa diputada nacional”, dice Colomer.
El empresario agrega que el buen momento de la actividad en la provincia se debe al fuerte impulso que precisamente Montero supo darle a la Industria del conocimiento y el apoyo al Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios, así como al empuje de la cámara empresaria nacional, que encabeza Carlos Palotti
Hacia el Pacto Social
Hacia el futuro los empresarios coinciden en la preocupación que genera el aumento en los costos de producción, que tiene sus principales vertientes en la actualización de los insumos y los salarios. También preocupa el previsible ajuste en las tarifas de servicios públicos.
“Debería hacerse priorizando el proceso de inversiones, que también debe alcanzar al sector prestador de servicios públicos, avanzado paulatinamente en la disminución de subsidios y ajustando las tarifas, de forma tal de atenuar el impacto en los costos y minimizar el traslado a precios”, dice Lamachia.
Por su parte Raúl Zylbersztein, presidente de la Cámara de la Industria de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA) afirma que hace falta una reforma impositiva y avanzar hacia
leyes laborales responsables.
”El Pacto Social debe ser un lugar donde empresarios nacionales, trabajadores y los representantes de las economías regionales podamos pensar cómo y de qué vamos a vivir los cuarenta millones de argentinos en los próximos años”, dice el titular de CIMA.
Juan Carlos Lascurain, titular de la UIA, también saluda la iniciativa de un amplio acuerdo social, destacando la incipiente experiencia de la Mesa de Competitividad que avanza en el seno de la actividad metalúrgica, pero advierte que es necesario cuidar la representatividad de las partes intervinientes.
Aunque el dirigente se excusó de dar detalles, un integrante del lado empresario de la mesa tripartita, reveló que las negociaciones están encarriladas aunque por momentos se traban por las posiciones de cámaras minoritarias, como la de los electrodomésticos de Tierra del Fuego.
La misma fuente aseguró que el comportamiento del sindicato (UOM) es ejemplar. “Son absolutamente concientes del impacto de los aumentos de salarios sobre los costos de producción y están convencidos que se puede alcanzar un punto de equilibrio entre los intereses que ellos defienden y los nuestros”.
La Mesa concluye en estos días la etapa de diagnóstico, tras lo cual iniciará la búsqueda de soluciones al incremento de precios que afectan la competitividad empresaria.
Sin dudas un buen antecedente del Pacto Social que pretende impulsar la futura Presidenta.