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Por Nino Fernández
Lo que las pymes pretenden del nuevo Gobierno
8 de diciembre de 2007
Hace aproximadamente un mes la consultora CEOP realizó una encuesta entre mil personas, que reveló que los dueños de las Pymes son el grupo social más creíble del país, superando a instituciones como el Presidente, la Justicia y la Iglesia, entre otros.
Pocos días después, la propuesta del Pacto Social movilizó a varias cámaras de pequeñas y medianas empresas, que además de fijar posición sobre el tema, aportaron ideas a la iniciativa de la presidenta electa. Se supo entonces que por lo menos una de ellas llevaba algunos meses trabajando en su propio acuerdo sectorial.
Estos antecedentes, que hablan del creciente prestigio y compromiso de esta comunidad empresaria, sumado al protagonismo que tuvieron en la recuperación de post crisis y al hecho de constituir la inmensa mayoría de empresas del país, convierten a las Pymes en un referente insoslayable de la realidad nacional.
Razón de más para preguntarse que piensan y esperan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A grandes rasgos puede decirse que entre las entidades intermedias integradas por Pymes no abundan las coincidencias sobre lo que vendrá, pero curiosamente uno de los mayores puntos en común, aunque con matices, radica en que el gobierno saliente hizo mucho por estas empresas.
Más allá de la continuidad en las grandes líneas de acción, a esta altura fuera de discusión, y de una renovada confianza en la marcha de los negocios, la lista de demandas a la nueva administración es amplia y heterogénea como la propia comunidad Pyme.
Inversiones y Acuerdo Social
Según el Observatorio Pyme, el índice de confianza de los empresarios de la Industria midió en noviembre pasado 49 puntos, dos puntos porcentuales por encima de la medición de agosto.
“Una vez finalizadas las elecciones nacionales y al reducirse la incertidumbre característica del período electoral, los industriales PyME mostraron una mayor confianza fundamentalmente en la evaluación de las condiciones actuales de su empresa y en menor medida, del sector de actividad al que pertenecen y del país”, dice el informe.
En medio de este medido optimismo los empresarios acusan algunas preocupaciones.
“Es de esperar que el modelo se perfeccione en esta etapa. Pero tenemos dudas: la relación con los sindicatos por una parte, específicamente con el sector de Moyano, el control del sector financiero y la necesidad de dominar las causas de la inflación, que entiendo, no se van a solucionar con acuerdos de precios sino con acciones sobre las empresas monopólicas productivas, son algunas de ellas”, dice Fabián Hryniewcz, titular de Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF).
En la actividad avícola, una de las de mayor crecimiento exportador en los últimos años, pero con mayoritaria presencia en el mercado interno, la apuesta pasa por consolidar los dos negocios.
“El año que viene exportaremos el 17% de nuestra producción, mientras que el consumo interno per capita pasará de los actuales 29 kg, a 30,7 en el 2008. Creemos que se deben profundizar las relaciones comerciales internacionales para reforzar la salida al exterior de los productos argentinos, pero también se debe trabajar en la construcción de un acuerdo social, que parta de bases amplias para luego bajar a los sectores. Así como perfeccionar los caminos para financiar la inversión, con crédito a largo plazo y a tasas accesibles, contra compromisos de producción y empleo”, dice Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.
Domenech sostiene que la gran diferencia con Brasil, que es el principal exportador avícola del mundo, se llama BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), y que si no es un banco similar, aquí hay que desarrollar al BICE, sin olvidar al mercado de capitales.
Pidió además no descuidar la provisión energética y poner especial atención en la recomposición salarial. “Creo que se debe generar un marco de previsibilidad y certidumbre, evitando que los aumentos de sueldos se conviertan en una bola nieve sobre todo en sectores como el nuestro donde el 20% de los costos es salarios”.
Por su parte Juan Cantarella, gerente general de Asociación de Fabricas de Autocomponentes, recuerda que no hay nada peor para la decisión de invertir que la incertidumbre.
“Hoy hay incertidumbre por el vacío en materia de riesgo de trabajo y por la evolución de los salarios. En nuestro gremio se está negociando en este momento el bonus de fin de año, que será una suma fija por empleado y estamos pendientes de los acuerdos paritarios que vencen en marzo, lo que exigirá volver a negociar en breve, dice Cantarella y agrega que en la entidad que dirige prefieren discutir el tema salarial en la Mesa Sectorial antes que en paritarias.
Sobre este tema Roberto Carmona, presidente de la Unión Industrial de San Juan, describe a la “Mesa de Concertación” como una gran oportunidad, pero advierte que es necesario que se den ciertas condiciones indispensables, como que “estén representados debidamente los sectores empresario, trabajador y de la política, incluyendo a la oposición y que los acuerdos tengan una perspectiva de largo plazo, sin limitar la agenda al tema de precios y salarios”.
En tanto que Hugo Gamboa, presidente de la Federación Económica de Mendoza, marca una clara diferencia con sus pares cuando dice que el problema que se debe resolver es la distribución del ingreso, porque hay que seguir fortaleciendo el mercado interno. “El desafío también pasa por aumentar la inversión que debe incluir la del Estado en lo referente a infraestructura energética y caminera, que hoy es un serio corsé para seguir creciendo. Y por supuesto que debe aumentar la inversión privada en bienes de capital, destinada al aumento de la producción”, dice Gamboa.
Mano de obra calificada
También el sanjuanino Carmona considera prioritario el tema energético, así como la necesidad de “articular acciones específicas para achicar la brecha entre las provincias más desarrolladas y las de menor desarrollo, donde los grandes desafíos radican en superar la falta de mano de obra calificada y construir una infraestructura que permita bajar los costos logísticos”, dice.
Bajar las cargas sociales en aquellos lugares del interior que carecen de personal capacitado, aprobar la ley de accidentes de trabajo para limitar los riesgos de juicios que golpean a las Pymes y promover un régimen de amortización acelerada para estas empresas, son, por su parte las grandes demandas de Jorge Daguerre, vicepresidente de DIMA (Distrito de la Maquinaria Agrícola) de 9 de de julio.
“Las Pymes somos formadoras de oficios por excelencia y hacemos sustentables las ciudades del interior. Por eso deberíamos ser objeto de especial atención. Creo que tendrían que haber leyes que permitan tomar personas por 6 meses para enseñar el oficio y evaluar en el camino si las dejamos o no trabajando”.
Diferente es la demanda del sector fabricante de bienes de capital, que desde hace tiempo padece la competencia a precios de dumping de varios países asiáticos: se debe “simplificar la operatoria de la administración y de los entes públicos, empezando por los trámites aduaneros e impositivos”, reclama Silvio Cechet, flamante presidente de AAFMHA (Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, Herramientas y Accesorios).
Por supuesto que a este dirigente también le preocupa la situación del sistema de riesgos de trabajo y considera indispensable agilizar el tratamiento de la Ley de Capitalización Pyme, que prevé el desgravamiento impositivo para las empresas que reinviertan utilidades.
Instrumentos de promoción
Aun con críticas puntuales como las referidas a la superposición de programas de promoción o la falta de agilidad con que operan, los instrumentos de políticas activas en general cosechan aplausos entre los dirigentes de entidades de Pymes.
Jorge Daguerre, de DIMA, dice que tanto los créditos del FONTAR como el PRE (programa que subsidia la contratación de servicios), “funcionan muy bien” pero pide mejorar el programa de difusión de ambos instrumentos porque “es lo más fuerte que tenemos para fomentar y aplicar innovaciones, en un momento en el que es más necesario que nunca incorporar investigación, desarrollo e innovación”.
Por su parte el autopartista Juan Cantarella, asegura que es conocida la satisfacción existente entre los asociados con el FONTAR y con el PRE, en este último caso, sobre todo, “después de los últimos cambios incorporados, como el aumento en 10 puntos porcentuales del subsidio destinado a inversiones y la posibilidad de financiar la compra de bienes de capital asociados al servicio objeto de inversión”.
En cambio Cantarella dice que no tiene muchas referencias con el régimen de Crédito Fiscal, con el cual las Pymes pueden financiar actividades de capacitación.
En cuanto a la promoción de inversiones Cantarella dice que se debe evitar discriminar al inversor, “porque cualquiera sean los montos siempre implica tomar riesgo. Las grandes empresas no deberían tener más beneficios que las chicas, a las cuales claramente hay que facilitarles el acceso a instrumentos que son de por si complejos, como la ley de Promoción de Inversiones”.
Tal vez valga la pena tener en cuenta las opiniones de Dante Sica, titular de “Abeceb.com” cuando un par de días antes del recambio presidencial descartó crisis económicas en el horizonte local pero advirtió que el año que viene las empresas tendrán que aumentar su capacidad instalada en 50%. “En este marco no descartamos que crezca la tendencia a la venta de empresas argentinas, por ejemplo, en sectores como el autopartista y textiles”, dijo el economista.
Pocos días después, la propuesta del Pacto Social movilizó a varias cámaras de pequeñas y medianas empresas, que además de fijar posición sobre el tema, aportaron ideas a la iniciativa de la presidenta electa. Se supo entonces que por lo menos una de ellas llevaba algunos meses trabajando en su propio acuerdo sectorial.
Estos antecedentes, que hablan del creciente prestigio y compromiso de esta comunidad empresaria, sumado al protagonismo que tuvieron en la recuperación de post crisis y al hecho de constituir la inmensa mayoría de empresas del país, convierten a las Pymes en un referente insoslayable de la realidad nacional.
Razón de más para preguntarse que piensan y esperan del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A grandes rasgos puede decirse que entre las entidades intermedias integradas por Pymes no abundan las coincidencias sobre lo que vendrá, pero curiosamente uno de los mayores puntos en común, aunque con matices, radica en que el gobierno saliente hizo mucho por estas empresas.
Más allá de la continuidad en las grandes líneas de acción, a esta altura fuera de discusión, y de una renovada confianza en la marcha de los negocios, la lista de demandas a la nueva administración es amplia y heterogénea como la propia comunidad Pyme.
Inversiones y Acuerdo Social
Según el Observatorio Pyme, el índice de confianza de los empresarios de la Industria midió en noviembre pasado 49 puntos, dos puntos porcentuales por encima de la medición de agosto.
“Una vez finalizadas las elecciones nacionales y al reducirse la incertidumbre característica del período electoral, los industriales PyME mostraron una mayor confianza fundamentalmente en la evaluación de las condiciones actuales de su empresa y en menor medida, del sector de actividad al que pertenecen y del país”, dice el informe.
En medio de este medido optimismo los empresarios acusan algunas preocupaciones.
“Es de esperar que el modelo se perfeccione en esta etapa. Pero tenemos dudas: la relación con los sindicatos por una parte, específicamente con el sector de Moyano, el control del sector financiero y la necesidad de dominar las causas de la inflación, que entiendo, no se van a solucionar con acuerdos de precios sino con acciones sobre las empresas monopólicas productivas, son algunas de ellas”, dice Fabián Hryniewcz, titular de Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF).
En la actividad avícola, una de las de mayor crecimiento exportador en los últimos años, pero con mayoritaria presencia en el mercado interno, la apuesta pasa por consolidar los dos negocios.
“El año que viene exportaremos el 17% de nuestra producción, mientras que el consumo interno per capita pasará de los actuales 29 kg, a 30,7 en el 2008. Creemos que se deben profundizar las relaciones comerciales internacionales para reforzar la salida al exterior de los productos argentinos, pero también se debe trabajar en la construcción de un acuerdo social, que parta de bases amplias para luego bajar a los sectores. Así como perfeccionar los caminos para financiar la inversión, con crédito a largo plazo y a tasas accesibles, contra compromisos de producción y empleo”, dice Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas.
Domenech sostiene que la gran diferencia con Brasil, que es el principal exportador avícola del mundo, se llama BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), y que si no es un banco similar, aquí hay que desarrollar al BICE, sin olvidar al mercado de capitales.
Pidió además no descuidar la provisión energética y poner especial atención en la recomposición salarial. “Creo que se debe generar un marco de previsibilidad y certidumbre, evitando que los aumentos de sueldos se conviertan en una bola nieve sobre todo en sectores como el nuestro donde el 20% de los costos es salarios”.
Por su parte Juan Cantarella, gerente general de Asociación de Fabricas de Autocomponentes, recuerda que no hay nada peor para la decisión de invertir que la incertidumbre.
“Hoy hay incertidumbre por el vacío en materia de riesgo de trabajo y por la evolución de los salarios. En nuestro gremio se está negociando en este momento el bonus de fin de año, que será una suma fija por empleado y estamos pendientes de los acuerdos paritarios que vencen en marzo, lo que exigirá volver a negociar en breve, dice Cantarella y agrega que en la entidad que dirige prefieren discutir el tema salarial en la Mesa Sectorial antes que en paritarias.
Sobre este tema Roberto Carmona, presidente de la Unión Industrial de San Juan, describe a la “Mesa de Concertación” como una gran oportunidad, pero advierte que es necesario que se den ciertas condiciones indispensables, como que “estén representados debidamente los sectores empresario, trabajador y de la política, incluyendo a la oposición y que los acuerdos tengan una perspectiva de largo plazo, sin limitar la agenda al tema de precios y salarios”.
En tanto que Hugo Gamboa, presidente de la Federación Económica de Mendoza, marca una clara diferencia con sus pares cuando dice que el problema que se debe resolver es la distribución del ingreso, porque hay que seguir fortaleciendo el mercado interno. “El desafío también pasa por aumentar la inversión que debe incluir la del Estado en lo referente a infraestructura energética y caminera, que hoy es un serio corsé para seguir creciendo. Y por supuesto que debe aumentar la inversión privada en bienes de capital, destinada al aumento de la producción”, dice Gamboa.
Mano de obra calificada
También el sanjuanino Carmona considera prioritario el tema energético, así como la necesidad de “articular acciones específicas para achicar la brecha entre las provincias más desarrolladas y las de menor desarrollo, donde los grandes desafíos radican en superar la falta de mano de obra calificada y construir una infraestructura que permita bajar los costos logísticos”, dice.
Bajar las cargas sociales en aquellos lugares del interior que carecen de personal capacitado, aprobar la ley de accidentes de trabajo para limitar los riesgos de juicios que golpean a las Pymes y promover un régimen de amortización acelerada para estas empresas, son, por su parte las grandes demandas de Jorge Daguerre, vicepresidente de DIMA (Distrito de la Maquinaria Agrícola) de 9 de de julio.
“Las Pymes somos formadoras de oficios por excelencia y hacemos sustentables las ciudades del interior. Por eso deberíamos ser objeto de especial atención. Creo que tendrían que haber leyes que permitan tomar personas por 6 meses para enseñar el oficio y evaluar en el camino si las dejamos o no trabajando”.
Diferente es la demanda del sector fabricante de bienes de capital, que desde hace tiempo padece la competencia a precios de dumping de varios países asiáticos: se debe “simplificar la operatoria de la administración y de los entes públicos, empezando por los trámites aduaneros e impositivos”, reclama Silvio Cechet, flamante presidente de AAFMHA (Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas, Herramientas y Accesorios).
Por supuesto que a este dirigente también le preocupa la situación del sistema de riesgos de trabajo y considera indispensable agilizar el tratamiento de la Ley de Capitalización Pyme, que prevé el desgravamiento impositivo para las empresas que reinviertan utilidades.
Instrumentos de promoción
Aun con críticas puntuales como las referidas a la superposición de programas de promoción o la falta de agilidad con que operan, los instrumentos de políticas activas en general cosechan aplausos entre los dirigentes de entidades de Pymes.
Jorge Daguerre, de DIMA, dice que tanto los créditos del FONTAR como el PRE (programa que subsidia la contratación de servicios), “funcionan muy bien” pero pide mejorar el programa de difusión de ambos instrumentos porque “es lo más fuerte que tenemos para fomentar y aplicar innovaciones, en un momento en el que es más necesario que nunca incorporar investigación, desarrollo e innovación”.
Por su parte el autopartista Juan Cantarella, asegura que es conocida la satisfacción existente entre los asociados con el FONTAR y con el PRE, en este último caso, sobre todo, “después de los últimos cambios incorporados, como el aumento en 10 puntos porcentuales del subsidio destinado a inversiones y la posibilidad de financiar la compra de bienes de capital asociados al servicio objeto de inversión”.
En cambio Cantarella dice que no tiene muchas referencias con el régimen de Crédito Fiscal, con el cual las Pymes pueden financiar actividades de capacitación.
En cuanto a la promoción de inversiones Cantarella dice que se debe evitar discriminar al inversor, “porque cualquiera sean los montos siempre implica tomar riesgo. Las grandes empresas no deberían tener más beneficios que las chicas, a las cuales claramente hay que facilitarles el acceso a instrumentos que son de por si complejos, como la ley de Promoción de Inversiones”.
Tal vez valga la pena tener en cuenta las opiniones de Dante Sica, titular de “Abeceb.com” cuando un par de días antes del recambio presidencial descartó crisis económicas en el horizonte local pero advirtió que el año que viene las empresas tendrán que aumentar su capacidad instalada en 50%. “En este marco no descartamos que crezca la tendencia a la venta de empresas argentinas, por ejemplo, en sectores como el autopartista y textiles”, dijo el economista.