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Por Nino Fernández
Poder de Lobby: una vieja carencia de las Pymes
12 de abril de 2009
¿Por qué un economista-candidato tuvo que publicar recientemente una página entera en un diario de circulación masiva para reivindicar los derechos de los emprendedores de La Salada?. ¿A qué se debe que las Pymes sigan padeciendo las mismas dificultades para financiarse o esperando la sanción de leyes que hace tiempo les han sido prometidas? O ¿por qué la Argentina no tiene una política agropecuaria que contemple especialmente la realidad de los pequeños y medianos productores?

Si hay una respuesta común para las tres preguntas posiblemente esté referida a la escasa capacidad de Lobby de estas comunidades empresarias ante las instancias de Gobierno, quizás la carencia más desatendida en este heterogéneo conglomerado y seguramente la que menos análisis y difusión ha merecido entre especialistas y medios de prensa.

Afecta a todos los sectores de la producción sin distinguir entre segmentos formales de los que trabajan en negro y en menor medida a los organizados gremialmente. En general sólo cuando hicieron Lobby “bajo el ala” de las grandes corporaciones lograron algún resultado, pero se sabe que en algún momento los caminos de unos y otros se bifurcan.

Aunque siempre estuvo bajo sospecha, la figura del Lobby no se limita a la caricatura del ejecutivo que visita a un legislador o funcionario de gobierno con un maletín de dudoso contenido.

La acción de ejercer presión ante el poder público también puede consistir en informar a un diputado o a una comisión legislativa sobre aspectos no tenidos en cuenta en un proyecto de ley, que quizás afecten a determinada rama de actividad. Las famosas lágrimas de Norma Plá ante el ex ministro Domingo Cavallo, fueron alguna vez tomadas como una acción de Lobby y en la misma categoría suelen incluirse las menos inocentes amenazas a legisladores o los impopulares cortes de ruta.

Atomización gremial e individualismo

Está claro que en cualquier tiempo y lugar los actores económicos han necesitado de “formulas” para hacerse escuchar y poder dar a conocer sus realidades y propuestas. Esto es así a pesar de que ningún gobierno puede ser tan ecuánime de favorecer a todos los sectores por igual ni tan arbitrario como para favorecer sólo a un determinado tamaño de empresas.

Es cierto que a las estructuras de gobierno le sobran vicios y que muchos veces están obligadas a “hilar fino”, razones que acaso expliquen lo que suele aparecer como inexplicable: en el 2004 se reglamentó la Ley de Promoción de Inversiones (25924), que contemplaba un cupo de 1000 millones para “todo tipo de empresas” y solo 200 millones para Pymes. Al cabo del único llamado a Concurso del primer año, fue aceptado un proyecto de Aluar y resultaron rechazados la mayor parte de los presentados por Pymes.

Otro caso, es el de las compras gubernamentales, en el que las Pymes, tanto en la Nación como en los gobiernos locales gozan de una preferencia, que raras veces se cumple.

El Gobierno de la Ciudad de Bs.As. acaba de adquirir un software para el sistema de salud en España, invocando razones de calidad, cuando es sabido que algunas empresas locales venden desarrollos del rubro en aquel país desde hace tiempo.

Para Ivan Stegmann, un consultor especializado en temas de Gobierno y Asuntos Públicos, “las Pymes suelen tener menor Lobby propio para conseguir un beneficio concreto, como exenciones o subsidios. Pero su peso relativo puede ser muy fuerte a través de una representación gremial-empresarial. Un ejemplo: las Pymes industriales que ejercen Lobby vía la UIA bajo el paraguas de Grupos Siderúrgicos Globales”.

Stegmann, habitual conferencista sobre el tema en el IEAN (Instituto Escuela Argentina de Negocios) destaca que las empresas deben saber que pueden y deben ejercer sus derechos empresarios legalmente antes las autoridades gubernamentales.

“Es un principio Constitucional, el Art. 14 de nuestra Constitución lo manifiesta claramente en el principio de "Peticionar a las Autoridades". Esto implica que el Lobby vive en nuestra Constitución en diferentes aspectos. Lo que ha sucedido en nuestro país en la relación Empresa-Gobierno es que el crecimiento del Estado, como superestructura burocrática y de poder, ha dejado sin capacidad de reacción a ciertos sectores que ven como una mala praxis ejercer su derechos empresarios”.

¿Por qué se llegó a esto?

“El primer problema es la atomización de la dirigencia empresaria”, dice el consultor Luis M.Blanco y agrega: “Las cámaras empresarias deberían ser una de las vías para unificar posiciones; mejorar la comunicación, profesionalizar la gestión hacia adentro y hacia fuera, pensar mas allá del reclamo de corto plazo y realizar un seguimiento de los temas en varios frentes”.

No es un problema menor tampoco que la construcción de poder, que deben plantearse las cámaras, con frecuencia choca con la falta de interés de los asociados, expresada por ejemplo, en la falta de pago de las cuotas mensuales.

“Muchas veces, los empresarios Pymes actúan de modo individualista y esto atenta seriamente contra los intentos de agrupación de este tipo de empresas. Convengamos también que la realidad impacta más fuertemente en estas empresas, que no han podido solidificarse en el mercado, motivo por el cual la prioridad suele ser la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos”, dice Gustavo Tondi, docente de la UBA y presidente de la Asociación Interamericana para la Responsabilidad Social (A.I.Re.S.)

Lo que se hizo y lo que falta

Si de buscar soluciones a la problemática Pyme se trata los gobiernos suelen prometer más de lo que hacen. Y en esto, la administración de Cristina Kirchner no es la excepción. Dice un conocido empresario que supo estar en la Comisión Pyme de la UIA, que “el actual gobierno ha prestado oídos, se ha mostrado sensible y adoptó acciones concretas, por ejemplo en el tema de las importaciones a precios desleales. Pero la SEPYME sigue siendo una subsecretaría, que durante el 2008 subejecutó los recursos asignados y desde el ministerio de Economía, poco se ha hecho para contrarrestar la caída del tipo de cambio de los dos últimos años”.

No menos cierto es que el Lobby Pyme hace tiempo que no logra “poner su candidato” en la secretaría del sector o que son muy pocos sus referentes en el Congreso. Además ni si inmutó – o se enteró tarde- cuando el Gobierno impulsó a la presidencia de la comisión Pyme del Senado a Roberto Urquía, de la familia propietaria de Aceitera General Dehesa, una compañía cordobesa, que dicen, poco ha hecho por sus Pymes vinculadas.

Debe admitirse igualmente que bajo esta administración de gobierno, el Lobby de entidades como la CGE-RA y AIERA presionó para que la Aduana instrumentara los valores de referencia, facilitara las denuncias por dumping y creara el Foro Pyme. Y que la UIA logró la incorporación del Mecanismo de Adaptación Competitivo (MAC) en el comercio del MERCOSUR, constituida en una acción preventiva que favoreció a más de una cadena de valor industrial.

Con todo deberá recordarse que en el seno de la corporación industrial también pesan los intereses de Grandes Empresas, que no siempre coinciden con los de las Pymes. Si bien se le reconoce un importante esfuerzo al sostener el Observatorio Pyme, en ocasiones las posiciones de la UIA no tienen en cuenta a este grupo de empresas. De hecho, la situación de la mayoría de las pequeñas y medianas industrias es ignorada en la confección de índice de actividad industrial de la entidad, por cuestiones metodológicas.

Dicho sea de paso, la última medición de este indicador, que tanto revuelo causó en la primera semana de abril, se pareció mucho a una acción de Lobby destinada a mejorar el tipo de cambio y condicionar la discusión paritaria.