26 de abril de 2024
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No alcanzó para los pobres
Columna de Maximiliano Montenegro publicada en el diario Crítica de la Argentina
9 de mayo de 2009
Néstor Kirchner nunca permitirá mientras esté en el poder que se blanqueen los números del INDEC que Guillermo Moreno dibuja desde principios de 2007. Si lo hiciera, debería asumir el mayor costo político de su gestión: reconocer que, inflación mediante, hace dos años que la pobreza crece, incluso por encima de los niveles de la década menemista.
Desde el segundo trimestre de 2007, el organismo oculta la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), insumo necesario para elaborar las cifras de pobreza, indigencia y distribución del ingreso.
Desde entonces, la pobreza aumentó por el salto en los precios de la canasta de alimentos. Aunque el organismo oficial no lo registre en sus partes de inflación.
Según el INDEC, hoy la pobreza alcanza al 17,8% de la población. Es decir que reconoce 7,2 millones de pobres en la Argentina. Sin embargo, para Artemio López, el encuestador favorito de Kirchner, la pobreza se ubicaría en el 28%, con lo cual habría 11,2 millones de pobres. Para el economista Claudio Lozano, que realizó una estimación con información aportada por técnicos desplazados del INDEC, la pobreza llega ya al 31,3%: 12,5 millones de personas. Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales, realiza un cálculo similar: 32% de la población.
El INDEC de Moreno barre bajo la alfombra entre 4 y 5 millones de pobres en la Argentina.
El kirchnerismo tampoco revirtió la tendencia a la concentración de la riqueza que se experimenta desde mediados de la década del setenta. Incluso la profundizó. La brecha de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre pasó de 7 veces en 1974 a 10,8 veces en 1990; a 13,5 veces en 1998; se mantuvo en esta última proporción en 2004, y creció a 13,9 veces en 2006. Es el último dato que se puede elaborar sobre la base de la EPH del INDEC, antes de que Moreno se llevara a su casa los resultados de la encuesta. Desde entonces, la inflación licuó los ingresos de los trabajadores informales de la base de la pirámide y amplió la desigualdad. Según técnicos del organismo, la brecha se elevó a 14,5 veces a fines de 2008.
La razón de la continuidad de la intervención en el INDEC, que los intelectuales K consideran un capricho inexplicable, se encuentra en el ocultamiento de estas y otras estadísticas sociales. Es algo más que un capricho de Kirchner.
DERRAME. La revista de humor Barcelona, con el estilo ácido que la caracteriza, tituló: “La redistribución ya se hizo. Lamentablemente no alcanzó para los pobres”. Es una excelente definición de lo que fue el patrón distributivo de la era K.
Como en la década menemista, otra vez fracasó la teoría del derrame: la idea de que el crecimiento a tasas chinas, por sí solo, resolvería el drama de la pobreza y la desigualdad. La caída drástica de la desocupación desde 2002 redujo durante cuatro años los índices de pobreza frente a los picos poscrisis. Pero la creación de empleo no bastó para perforar los pisos de miseria y desigualdad cimentados durante la década del noventa. Con casi el 40% de los ocupados en negro, la pobreza se convirtió en un drama de los empleados, en puestos precarios y de baja remuneración. Mientras que se amplió la brecha de ingresos entre los trabajadores en blanco y en negro. Durante todos esos años las empresas embolsaron ganancias extraordinarias. Y a partir de 2007 la inflación frenó cualquier progreso social, empeorando la situación de aquellos que se quedaron relegados frente a la carrera de los precios.
Ahora bien, ¿qué se hizo desde el Estado para incidir en la distribución en un contexto de crecimiento a tasas chinas? Veamos.
A favor de una mejor distribución:
• Plan de inclusión jubilatoria: 1,5 millones de jubilados sin aportes provisionales.
• Reforma jubilatoria 2007: regresó a los aportantes de menores recursos al Estado, evitando así la expropiación que significaban las comisiones de las AFJP sobre los sueldos más bajos.
Entre las políticas que por acción u omisión no favorecieron una mejor distribución del ingreso se cuentan las siguientes:
• Subsidios a las tarifas de luz y gas de sectores medios altos y altos: según el propio Julio De Vido, cuando se anunció de golpe el descongelamiento tarifario, el costo fue de $ 2.400 millones anuales (casi $ 10.000 millones en cuatro años).
• Eliminación de la tablita de Machinea: $ 2.500 millones anuales que deja de percibir el Estado y van al bolsillo de los que cobran más de 7.200 pesos mensuales. Es un monto equivalente a lo que se planeaba recaudar con la famosa resolución 125, descontadas las “compensaciones” para los pequeños y medianos productores.
• Se mantuvo intacta la exención del impuesto a las Ganancias para operaciones financieras (intereses de títulos públicos, obligaciones negociables, plazos fijos): son más de $ 4.000 millones anuales los que se pierde de recaudar el fisco.
• Se preservó la exención impositiva a las ganancias de capital: compraventa de empresas (acciones) y de propiedades. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner multiplicó su patrimonio gracias a los terrenos en El Calafate y los inmuebles que compró barato y vendió caro, no abonó un centavo de impuesto a las Ganancias. Lo mismo Amalita, cuando vendió en u$s 800 millones sus acciones en Loma Negra a un grupo brasileño.
• No se restituyó el impuesto a la Herencia, que derogó la dictadura y existe en países como Estados Unidos y Chile, el modelo “neoliberal” del continente.
• Con los aportes jubilatorios de la estatización de las AFJP, como dice Claudio Lozano, Kirchner creó su propia AFJP para negociar con las empresas. Pero no implicó ninguna redistribución para los sectores carenciados. En los últimos meses, la ANSES otorgó préstamos destinados a los sectores medios con poder adquisitivo, al Tesoro para cancelar deudas y a las empresas. En el mejor de los casos, más teoría del derrame.
• En lugar de destinar fondos a una recomposición de haberes jubilatorios (ocho de cada diez jubilados cobran la mínima de $ 770 mensuales). O en lugar de orientar recursos a financiar un subsidio para los hijos de familias pobres, lo cual, además de mejorar la distribución, tendría un efecto reactivador más inmediato y eficaz.
• Mientras tanto, se licuó el poder de compra de los planes Jefas y Jefes de Hogar, cuyo monto permanece congelado en 150 pesos desde abril de 2002.
En Inglaterra hace varios años y, después de la caída del muro de Wall Street, en Estados Unidos también sectores políticos progresistas vienen presionando con el lema “1% para los chicos” (“One percent for kids”): la idea es que los gobiernos destinen esa porción del PBI en un subsidio universal a la niñez, como política para disminuir la pobreza.
Por su estructura impositiva y de subsidios, en la Argentina todavía prevalece el Estado “Hood Robin” menemista. En un interesante estudio Kritz demuestra que la mitad de los niños del 30% más pobre de la población no recibe ninguna asignación estatal. En cambio, sólo el 3% de de los hijos de las familias de mayores ingresos (el 10% más alto de la distribución) se encuentra desprovisto de un beneficio estatal. En este segmento casi todos los hijos están alcanzados por asignaciones familiares y, fundamentalmente, por la deducción de carga de familia en el impuesto a las Ganancias ($ 5.000 por año por hijo).
Hace cinco años que la CTA propone un subsidio a la niñez, para romper la lógica de que toda la asistencia estatal se destina (vía asignaciones familiares, subsidios al empleo, etc.) a los asalariados en blanco, mientras que en el universo de más de 4 millones de trabajadores en negro y desocupados se consolida un núcleo duro de la pobreza. Los hogares pobres son los de más hijos a cargo: 2,1 hijos promedio frente a 0,4 en las familias de mejores ingresos.
Sin embargo, la administración K nunca lo implementó, además de negar la personería jurídica a esa central gremial para fortalecer su alianza con la CGT, que sólo reclama por los incluidos en el sistema.
Para el caso argentino, el 1% del PBI equivale a $ 11.000 millones de pesos. Ya que Kirchner no se animó a eliminar exenciones bochornosas al impuesto a las Ganancias, la medida se podría financiar, transitoriamente, con una parte de los recursos corrientes de la estatización de las AFJP. Sería una manera de cambiar a un Estado que casi siempre aporta dinero por arriba de la pirámide, esperando que derrame.
Desde el segundo trimestre de 2007, el organismo oculta la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), insumo necesario para elaborar las cifras de pobreza, indigencia y distribución del ingreso.
Desde entonces, la pobreza aumentó por el salto en los precios de la canasta de alimentos. Aunque el organismo oficial no lo registre en sus partes de inflación.
Según el INDEC, hoy la pobreza alcanza al 17,8% de la población. Es decir que reconoce 7,2 millones de pobres en la Argentina. Sin embargo, para Artemio López, el encuestador favorito de Kirchner, la pobreza se ubicaría en el 28%, con lo cual habría 11,2 millones de pobres. Para el economista Claudio Lozano, que realizó una estimación con información aportada por técnicos desplazados del INDEC, la pobreza llega ya al 31,3%: 12,5 millones de personas. Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales, realiza un cálculo similar: 32% de la población.
El INDEC de Moreno barre bajo la alfombra entre 4 y 5 millones de pobres en la Argentina.
El kirchnerismo tampoco revirtió la tendencia a la concentración de la riqueza que se experimenta desde mediados de la década del setenta. Incluso la profundizó. La brecha de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre pasó de 7 veces en 1974 a 10,8 veces en 1990; a 13,5 veces en 1998; se mantuvo en esta última proporción en 2004, y creció a 13,9 veces en 2006. Es el último dato que se puede elaborar sobre la base de la EPH del INDEC, antes de que Moreno se llevara a su casa los resultados de la encuesta. Desde entonces, la inflación licuó los ingresos de los trabajadores informales de la base de la pirámide y amplió la desigualdad. Según técnicos del organismo, la brecha se elevó a 14,5 veces a fines de 2008.
La razón de la continuidad de la intervención en el INDEC, que los intelectuales K consideran un capricho inexplicable, se encuentra en el ocultamiento de estas y otras estadísticas sociales. Es algo más que un capricho de Kirchner.
DERRAME. La revista de humor Barcelona, con el estilo ácido que la caracteriza, tituló: “La redistribución ya se hizo. Lamentablemente no alcanzó para los pobres”. Es una excelente definición de lo que fue el patrón distributivo de la era K.
Como en la década menemista, otra vez fracasó la teoría del derrame: la idea de que el crecimiento a tasas chinas, por sí solo, resolvería el drama de la pobreza y la desigualdad. La caída drástica de la desocupación desde 2002 redujo durante cuatro años los índices de pobreza frente a los picos poscrisis. Pero la creación de empleo no bastó para perforar los pisos de miseria y desigualdad cimentados durante la década del noventa. Con casi el 40% de los ocupados en negro, la pobreza se convirtió en un drama de los empleados, en puestos precarios y de baja remuneración. Mientras que se amplió la brecha de ingresos entre los trabajadores en blanco y en negro. Durante todos esos años las empresas embolsaron ganancias extraordinarias. Y a partir de 2007 la inflación frenó cualquier progreso social, empeorando la situación de aquellos que se quedaron relegados frente a la carrera de los precios.
Ahora bien, ¿qué se hizo desde el Estado para incidir en la distribución en un contexto de crecimiento a tasas chinas? Veamos.
A favor de una mejor distribución:
• Plan de inclusión jubilatoria: 1,5 millones de jubilados sin aportes provisionales.
• Reforma jubilatoria 2007: regresó a los aportantes de menores recursos al Estado, evitando así la expropiación que significaban las comisiones de las AFJP sobre los sueldos más bajos.
Entre las políticas que por acción u omisión no favorecieron una mejor distribución del ingreso se cuentan las siguientes:
• Subsidios a las tarifas de luz y gas de sectores medios altos y altos: según el propio Julio De Vido, cuando se anunció de golpe el descongelamiento tarifario, el costo fue de $ 2.400 millones anuales (casi $ 10.000 millones en cuatro años).
• Eliminación de la tablita de Machinea: $ 2.500 millones anuales que deja de percibir el Estado y van al bolsillo de los que cobran más de 7.200 pesos mensuales. Es un monto equivalente a lo que se planeaba recaudar con la famosa resolución 125, descontadas las “compensaciones” para los pequeños y medianos productores.
• Se mantuvo intacta la exención del impuesto a las Ganancias para operaciones financieras (intereses de títulos públicos, obligaciones negociables, plazos fijos): son más de $ 4.000 millones anuales los que se pierde de recaudar el fisco.
• Se preservó la exención impositiva a las ganancias de capital: compraventa de empresas (acciones) y de propiedades. Por ejemplo, cuando Néstor Kirchner multiplicó su patrimonio gracias a los terrenos en El Calafate y los inmuebles que compró barato y vendió caro, no abonó un centavo de impuesto a las Ganancias. Lo mismo Amalita, cuando vendió en u$s 800 millones sus acciones en Loma Negra a un grupo brasileño.
• No se restituyó el impuesto a la Herencia, que derogó la dictadura y existe en países como Estados Unidos y Chile, el modelo “neoliberal” del continente.
• Con los aportes jubilatorios de la estatización de las AFJP, como dice Claudio Lozano, Kirchner creó su propia AFJP para negociar con las empresas. Pero no implicó ninguna redistribución para los sectores carenciados. En los últimos meses, la ANSES otorgó préstamos destinados a los sectores medios con poder adquisitivo, al Tesoro para cancelar deudas y a las empresas. En el mejor de los casos, más teoría del derrame.
• En lugar de destinar fondos a una recomposición de haberes jubilatorios (ocho de cada diez jubilados cobran la mínima de $ 770 mensuales). O en lugar de orientar recursos a financiar un subsidio para los hijos de familias pobres, lo cual, además de mejorar la distribución, tendría un efecto reactivador más inmediato y eficaz.
• Mientras tanto, se licuó el poder de compra de los planes Jefas y Jefes de Hogar, cuyo monto permanece congelado en 150 pesos desde abril de 2002.
En Inglaterra hace varios años y, después de la caída del muro de Wall Street, en Estados Unidos también sectores políticos progresistas vienen presionando con el lema “1% para los chicos” (“One percent for kids”): la idea es que los gobiernos destinen esa porción del PBI en un subsidio universal a la niñez, como política para disminuir la pobreza.
Por su estructura impositiva y de subsidios, en la Argentina todavía prevalece el Estado “Hood Robin” menemista. En un interesante estudio Kritz demuestra que la mitad de los niños del 30% más pobre de la población no recibe ninguna asignación estatal. En cambio, sólo el 3% de de los hijos de las familias de mayores ingresos (el 10% más alto de la distribución) se encuentra desprovisto de un beneficio estatal. En este segmento casi todos los hijos están alcanzados por asignaciones familiares y, fundamentalmente, por la deducción de carga de familia en el impuesto a las Ganancias ($ 5.000 por año por hijo).
Hace cinco años que la CTA propone un subsidio a la niñez, para romper la lógica de que toda la asistencia estatal se destina (vía asignaciones familiares, subsidios al empleo, etc.) a los asalariados en blanco, mientras que en el universo de más de 4 millones de trabajadores en negro y desocupados se consolida un núcleo duro de la pobreza. Los hogares pobres son los de más hijos a cargo: 2,1 hijos promedio frente a 0,4 en las familias de mejores ingresos.
Sin embargo, la administración K nunca lo implementó, además de negar la personería jurídica a esa central gremial para fortalecer su alianza con la CGT, que sólo reclama por los incluidos en el sistema.
Para el caso argentino, el 1% del PBI equivale a $ 11.000 millones de pesos. Ya que Kirchner no se animó a eliminar exenciones bochornosas al impuesto a las Ganancias, la medida se podría financiar, transitoriamente, con una parte de los recursos corrientes de la estatización de las AFJP. Sería una manera de cambiar a un Estado que casi siempre aporta dinero por arriba de la pirámide, esperando que derrame.