Organizaciones de derechos humanos informaron que casi 70 personas fueron liberadas en las últimas horas de distintos centros de detención de Venezuela, aunque advirtieron que más de mil continúan privadas de la libertad por causas que consideran políticas y reclamaron una excarcelación total.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP) detalló que al menos 60 personas recuperaron la libertad durante la madrugada en el centro penitenciario de Torocón, en el estado Aragua.

A ese grupo se sumaron seis mujeres excarceladas del anexo Las Crisálidas, en Miranda, y tres adolescentes que salieron de centros de reclusión en La Guaira.

Las excarcelaciones se dieron en un contexto marcado por protestas que vienen teniendo lugar después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y una ola de detenciones que, según organizaciones civiles, tuvieron motivaciones políticas.

Desde esos espacios advierten que, pese a las liberaciones recientes, el número de personas privadas de la libertad por estas causas sigue siendo elevado.




De acuerdo con información difundida este jueves por distintas ONG, entre 63 y 75 personas detenidas tras los comicios fueron liberadas en las últimas horas.

El CLPP señaló en un comunicado publicado en redes sociales que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”, aunque remarcó que el objetivo sigue siendo la excarcelación de todas las personas encarceladas por razones políticas.

En la misma línea, la organización Justicia, Encuentro y Perdón sostuvo que las cifras actuales están lejos de resolver el problema de fondo.

Según sus registros, en Venezuela hay 1.085 personas detenidas por motivos políticos. “Más de 1.000 personas continuarían privadas de libertad de manera injustificada”, advirtió el colectivo, que calificó como insuficientes las excarcelaciones concretadas hasta el momento.

Desde esa ONG también señalaron que, si bien cada liberación tiene un impacto inmediato en la vida del excarcelado y su entorno familiar, no modifica lo que describen como una práctica estructural.

En ese sentido, acusaron al Gobierno de Nicolás Maduro de utilizar la privación de la libertad como un mecanismo de persecución política, al considerar que las liberaciones se realizan de manera “selectiva y discrecional”.

Además, subrayaron que la libertad no debe interpretarse como una concesión estatal, sino como un derecho fundamental.

Por su parte, Foro Penal informó que actualmente permanecen detenidas 902 personas por causas vinculadas a la política, mientras que otras 62 continúan en condición de desaparición forzada.

El seguimiento de nuevos arrestos y la falta de una solución integral llevaron a las organizaciones a reiterar su reclamo por la restitución plena de derechos.

Las ONG coincidieron en que las detenciones vinculadas a manifestaciones y protestas posteriores a las elecciones representan uno de los principales focos de preocupación.

Alertaron, además, sobre el impacto social y familiar de estas medidas y sobre sus consecuencias a largo plazo en la confianza en el sistema judicial y en la vigencia de los derechos fundamentales.