26 de abril de 2024
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Por Nino Fernández
El Estado hace escaso uso del “Compre Pyme”
17 de noviembre de 2006
A pesar de algunas leyes que fomentan las compras del Estado a las Pymes, las empresas de este segmento encuentran grandes dificultades para proveer a un sector público que gasta casi el 19% del PBI, en bienes y servicios para su funcionamiento.
Semejante tajada es considerada una muy buena oportunidad por muchas empresas, que ven allí la posibilidad de diversificar el riesgo comercial. Y las Pymes no han sido ajenas a ese objetivo, dado que ellas producen buena parte de los productos que compra el Estado. Desde alimentos, insumos para el área de la salud y uniformes para las fuerzas armadas, hasta servicios de limpieza, software o mantenimiento informático.
El problema es que cuando estas firmas se propusieron ser proveedores del Estado chocaron con diversos escollos.
Cuando no fue la imposibilidad de competir por precios o cantidades, fue la “preferencia” de los jefes de Compras por marcas o empresas conocidas o la complejidad burocrática para registrarse como proveedores o cumplir con los pliegos de licitación. Y en la lista no falta la figura del “licitador profesional”, un intermediario que conoce a todos los funcionarios, todos los formularios y se presenta en todas las licitaciones, cualquiera sean los productos demandados. Una persona que terceriza la producción, que pelea hasta el último centavo a las Pymes productoras y se queda con la mayor porción del precio de facturación final.
Desde algunos gobiernos de los últimos años se ha intentado cambiar esta carrera de obstáculos que enfrentan las Pymes que quieren venderle tanto al Estado nacional, como a las provincias y los municipios.
Así, la Ley 25300 (Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), de agosto del 2000, afirma que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán otorgar a las MiPymes un derecho de preferencia del 5% para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios.
Por su parte, el Decreto 1075/2001, ampliatorio de esa norma, agrega que “los Pliegos de Bases y Condiciones deberán prever la posibilidad de presentar ofertas parciales” cuando se trate de MiPymes.
Mientras que la Ley 25.551 (Compre Trabajo Argentino), establece que se dará preferencia a las Pymes nacionales cuando sus ofertas superen en hasta un 7% la de empresas que no sean de origen nacional.
De escollos y curiosidades
Daniel Arguello, presidente de la Unión de Proveedores del Estado (UAPE), dice que el cumplimiento de la normativa a favor de las Pymes en este tema prácticamente no se cumple.
“Es que la crisis desarticuló los mecanismos de contratación y muchas dependencias se vieron obligados a recurrir a grandes empresas. Por otra parte no hay exigencias para que se respete la normativa vigente; de hecho la comisión Honoraria del Régimen Compre Argentino, por ejemplo, que debería controlar el cumplimiento de estas disposiciones, prácticamente no funciona o por lo menos no se reúne”.
“El Estado utiliza poco y nada estas leyes y las Pymes se desentienden rápidamente por falta de recursos y abogados para hacer valer sus derechos. Por supuesto que la complejidad de los trámites y los gastos que conlleva el cumplimiento de esos requisitos es otra traba fenomenal”, dice Juan Carlos López, director del Programa de Apoyo a las Pymes en e-Compras Gubernamentales.
Esta iniciativa, que será financiada por el BID y el FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) se propone instrumentar en breve el portal comprapyme, que apunta a ayudar a estas empresas a venderle al Estado, en un marco de transparencia.
Es que según López, además de la indiferencia del Estado, hay otros factores que desalientan a las Pymes que podrían simplificarse, entre los que menciona los papeles que deben presentarse: últimos balances, estatutos, detalle de proveedores, memoria técnica de los productos, habilitaciones varias y, dependiendo del tipo de productos que se venda, certificaciones ante el Senasa, en caso de alimentos o en Anmat, por medicamentos.
Así y todo López revela algunas perlitas: “la Nación le exige a sus proveedores el Certificado fiscal para realizar contrataciones, que es el que determina que el potencial proveedor no debe impuestos nacionales, pero no pide el libre deuda de Ingresos Brutos que es provincial. Y por el otro lado, en las provincias y en los municipios se pide estar al día con los impuestos propios y no importa si se deben impuestos nacionales”.
Por su parte Arguello asegura que el “colmo de los colmos” es un régimen de compras diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se utiliza en algunas dependencias del Estado nacional. “Cuando un empresario local gana una licitación por heladeras, por ejemplo, debe pagar todos los impuestos incluyendo los aduaneros si es que utilizó insumos importados. Pero si el ganador es un proveedor extranjero no paga nada porque la carga entra como valija diplomática”.
Los Municipios más cerca
Algunos indicios indican que en los municipios algo está cambiando. En el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As. (GCBA), donde la curiosidad es la exigencia del certificado de Deudores Alimentarios, aquel que determina que un padre divorciado cumple con la cuota por alimentos, hay actualmente 2720 empresas inscriptas como proveedores, el 95% de las cuales son Pymes.
También en gobiernos locales como el de Neuquen, Morón o el bonaerense de San Martín intentan privilegiar a las empresas más chicas. Alfredo Buglione, secretario de Industria de este último, afirma que la aprobación de la Ordenanza MiPyme 7987, que entre otras cosas prevé exenciones en 7 tasas municipales, provocó que muchas Pymes se radicaran en el distrito.
“Se han recibido más de cinco mil adhesiones en los últimos años, de las cuales 1200 son pequeñas y medianas industrias y de ellas casi un 10% son actualmente proveedoras de la municipalidad”.
En la ciudad de Bs.As. en tanto, el primer día del año que viene entra a regir la Ley 2095/06 de Compras y Contrataciones, que incorpora las figuras del contrato llave en mano y de leasing, así como algunas cláusulas de transparencia, incluyendo la propuesta de implementar un régimen de e –procurement, hacia el mediano plazo.
La norma también prevé una ventaja comparativa para las micro y pequeñas empresas ( no así las medianas) y cooperativas, en línea con la preferencias establecidas en la Ley 25300 de la Nación.
Con todo, Raúl Manes, director de Compras del GCBA, admite la dificultad que significa para las Pymes el gasto de los trámites para registrarse como proveedores y poder participar de licitaciones y contrataciones directas.
En APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos empresarios) calculan que sólo en fotocopias y legalizaciones ante consejos profesionales y escribanos, la inscripción en el registro de proveedores de la mayoría de los distritos cuesta más de 1000 pesos.
“Aunque el costo de inscripción es gratuito, el gasto en certificaciones de fotocopias es importante para una Pyme. Por eso desde esta dirección apuntamos a que la reglamentación de la nueva ley contemple cambiar la autenticación ante escribano público por la presentación de los originales ante un funcionario del área”, dice Manes.
Semejante tajada es considerada una muy buena oportunidad por muchas empresas, que ven allí la posibilidad de diversificar el riesgo comercial. Y las Pymes no han sido ajenas a ese objetivo, dado que ellas producen buena parte de los productos que compra el Estado. Desde alimentos, insumos para el área de la salud y uniformes para las fuerzas armadas, hasta servicios de limpieza, software o mantenimiento informático.
El problema es que cuando estas firmas se propusieron ser proveedores del Estado chocaron con diversos escollos.
Cuando no fue la imposibilidad de competir por precios o cantidades, fue la “preferencia” de los jefes de Compras por marcas o empresas conocidas o la complejidad burocrática para registrarse como proveedores o cumplir con los pliegos de licitación. Y en la lista no falta la figura del “licitador profesional”, un intermediario que conoce a todos los funcionarios, todos los formularios y se presenta en todas las licitaciones, cualquiera sean los productos demandados. Una persona que terceriza la producción, que pelea hasta el último centavo a las Pymes productoras y se queda con la mayor porción del precio de facturación final.
Desde algunos gobiernos de los últimos años se ha intentado cambiar esta carrera de obstáculos que enfrentan las Pymes que quieren venderle tanto al Estado nacional, como a las provincias y los municipios.
Así, la Ley 25300 (Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa), de agosto del 2000, afirma que las jurisdicciones y entidades del sector público nacional deberán otorgar a las MiPymes un derecho de preferencia del 5% para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes o servicios.
Por su parte, el Decreto 1075/2001, ampliatorio de esa norma, agrega que “los Pliegos de Bases y Condiciones deberán prever la posibilidad de presentar ofertas parciales” cuando se trate de MiPymes.
Mientras que la Ley 25.551 (Compre Trabajo Argentino), establece que se dará preferencia a las Pymes nacionales cuando sus ofertas superen en hasta un 7% la de empresas que no sean de origen nacional.
De escollos y curiosidades
Daniel Arguello, presidente de la Unión de Proveedores del Estado (UAPE), dice que el cumplimiento de la normativa a favor de las Pymes en este tema prácticamente no se cumple.
“Es que la crisis desarticuló los mecanismos de contratación y muchas dependencias se vieron obligados a recurrir a grandes empresas. Por otra parte no hay exigencias para que se respete la normativa vigente; de hecho la comisión Honoraria del Régimen Compre Argentino, por ejemplo, que debería controlar el cumplimiento de estas disposiciones, prácticamente no funciona o por lo menos no se reúne”.
“El Estado utiliza poco y nada estas leyes y las Pymes se desentienden rápidamente por falta de recursos y abogados para hacer valer sus derechos. Por supuesto que la complejidad de los trámites y los gastos que conlleva el cumplimiento de esos requisitos es otra traba fenomenal”, dice Juan Carlos López, director del Programa de Apoyo a las Pymes en e-Compras Gubernamentales.
Esta iniciativa, que será financiada por el BID y el FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones) se propone instrumentar en breve el portal comprapyme, que apunta a ayudar a estas empresas a venderle al Estado, en un marco de transparencia.
Es que según López, además de la indiferencia del Estado, hay otros factores que desalientan a las Pymes que podrían simplificarse, entre los que menciona los papeles que deben presentarse: últimos balances, estatutos, detalle de proveedores, memoria técnica de los productos, habilitaciones varias y, dependiendo del tipo de productos que se venda, certificaciones ante el Senasa, en caso de alimentos o en Anmat, por medicamentos.
Así y todo López revela algunas perlitas: “la Nación le exige a sus proveedores el Certificado fiscal para realizar contrataciones, que es el que determina que el potencial proveedor no debe impuestos nacionales, pero no pide el libre deuda de Ingresos Brutos que es provincial. Y por el otro lado, en las provincias y en los municipios se pide estar al día con los impuestos propios y no importa si se deben impuestos nacionales”.
Por su parte Arguello asegura que el “colmo de los colmos” es un régimen de compras diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se utiliza en algunas dependencias del Estado nacional. “Cuando un empresario local gana una licitación por heladeras, por ejemplo, debe pagar todos los impuestos incluyendo los aduaneros si es que utilizó insumos importados. Pero si el ganador es un proveedor extranjero no paga nada porque la carga entra como valija diplomática”.
Los Municipios más cerca
Algunos indicios indican que en los municipios algo está cambiando. En el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As. (GCBA), donde la curiosidad es la exigencia del certificado de Deudores Alimentarios, aquel que determina que un padre divorciado cumple con la cuota por alimentos, hay actualmente 2720 empresas inscriptas como proveedores, el 95% de las cuales son Pymes.
También en gobiernos locales como el de Neuquen, Morón o el bonaerense de San Martín intentan privilegiar a las empresas más chicas. Alfredo Buglione, secretario de Industria de este último, afirma que la aprobación de la Ordenanza MiPyme 7987, que entre otras cosas prevé exenciones en 7 tasas municipales, provocó que muchas Pymes se radicaran en el distrito.
“Se han recibido más de cinco mil adhesiones en los últimos años, de las cuales 1200 son pequeñas y medianas industrias y de ellas casi un 10% son actualmente proveedoras de la municipalidad”.
En la ciudad de Bs.As. en tanto, el primer día del año que viene entra a regir la Ley 2095/06 de Compras y Contrataciones, que incorpora las figuras del contrato llave en mano y de leasing, así como algunas cláusulas de transparencia, incluyendo la propuesta de implementar un régimen de e –procurement, hacia el mediano plazo.
La norma también prevé una ventaja comparativa para las micro y pequeñas empresas ( no así las medianas) y cooperativas, en línea con la preferencias establecidas en la Ley 25300 de la Nación.
Con todo, Raúl Manes, director de Compras del GCBA, admite la dificultad que significa para las Pymes el gasto de los trámites para registrarse como proveedores y poder participar de licitaciones y contrataciones directas.
En APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos empresarios) calculan que sólo en fotocopias y legalizaciones ante consejos profesionales y escribanos, la inscripción en el registro de proveedores de la mayoría de los distritos cuesta más de 1000 pesos.
“Aunque el costo de inscripción es gratuito, el gasto en certificaciones de fotocopias es importante para una Pyme. Por eso desde esta dirección apuntamos a que la reglamentación de la nueva ley contemple cambiar la autenticación ante escribano público por la presentación de los originales ante un funcionario del área”, dice Manes.