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23 de septiembre de 2019
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Comenzó nacionalización de industria cementera
22 de junio de 2008
El pasado 16 de junio el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio el visto bueno al decreto de ley que otorga al gobierno de Hugo Chávez la “exclusividad” de las actividades de la industria cementera.

Con este fallo el Estado venezolano se reserva la “gestión directa del sector cementero por “ ser una industria de innegable valor estratégico para el desarrollo económico y social del país”.

Avalado por esta sentencia, el jueves 19 del corriente Chávez promulgó la ley de nacionalización de la industria cementera.

Venezuela inició en 2007 una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas, como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad.
Este año la extendió a las industrias siderúrgica (Ternium-Sidor/ Amazonia/Techint) ahora comenzó el proceso con las cementeras.

El texto del Ejecutivo venezolano “sistematiza aquellas normas que tornarán operativo el proceso de transferencia y transformación del sector cementero atrayendo hacia el Estado, con exclusividad”, las actividades de Cemex, que tiene casi 50% de la producción nacional de cemento, Lafarge y Holcim, que poseen cerca de 25% cada una.

A principios de abril, Chávez anunció la nacionalización de la industria del cemento y nombró a un equipo para negociar la compra de las tres empresas extranjeras.

Desde esa fecha los representantes de las compañías discuten, por separado, los términos de los acuerdos para transferir la propiedad de sus activos al gobierno de Venezuela.

La producción de cemento en Venezuela para 2007 se ubicó en 10,2 millones de toneladas.

La mexicana Cemex-Venezuela cuenta con una capacidad estimada de casi 50% de ese volumen, con 4,7 millones de toneladas; la suiza Holcim en Venezuela produce una cuarta parte (2,6 millones de toneladas) y la francesa Lafarge otro monto similar (2,3 millones de toneladas).

La Federación Venezolana de Empresarios, cuestionó las medidas debido a que “espanta a la inversión extranjera, aumenta el gasto público y no amplía el capital productivo nacional”.