20 de abril de 2024
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Por Sofía Wachler
Política y vivienda social: ¿sólo por votos?
25 de abril de 2011
Raquel Rolnik, urbanista de la Universidad de Campinhas ( Brasil) y relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país se refirió, luego de entrevistar a organizaciones sociales y visitar asentamientos, que “los políticos que dan uno u otro servicio a los asentamientos, siempre a cuentagotas, lo hacen solamente, a cambio de votos, buscan un rédito electoral”.
Entre sus conclusiones cuestionó la falta de regulación del precio de la tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares.
Rolnik sostuvo que “ la crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no fue acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo, por lo que, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades”.
En ese contexto, “las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y como son expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, añadió.
La arquitecta expresó que “ si bien desde 2003, el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda y según datos oficiales, hubo una inversión fuerte, con lo que consiguió más de 500.000 soluciones habitacionales, lamentablemente, el problema central es que el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, como única posibilidad”.
Los programas de mejoras en barrios o para cooperativas, están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo.
Enfatizó que “lo que falta en la Argentina es un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural, que fue reemplazado en el conurbano bonaerense, por cuotas en lugar de los loteos, como ocurría en las décadas de 1950 o 1960, que permitieron a muchos trabajadores hacerse su casa”.
Por el contrario “proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea y como consecuencia de ello, los sectores populares, a falta de otras opciones, optan por las ocupaciones que resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”.
Rolnik fue muy crítica de los desalojos de tierras ocurrido en los últimos meses “no conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares como el desalojo y quema de viviendas en Formosa”, el uso de la fuerza en el parque Indoamericano o la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”.
Para comenzar a solucionar el tema, el Estado argentino puede ofrecer tierras fiscales, en vez de desalojarlas cuando son ocupadas.
“Siempre hay tierras e inmuebles desocupados, inclusive las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social y en las zonificaciones, al igual que se admiten industrias, oficinas, edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”, sostuvo.
Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”, argumentó la representante de Naciones Unidas.
En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a medios de sobrevivencia.
Rolnik preguntaba” la única opción en la Argentina, es seguir produciendo villas o nos limitaremos a consolidarlas.
El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat antes que se produzcan las ocupaciones.
En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas y funcionó.
“En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas y ¿quiénes ganan con esto? Los únicos ganadores son los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables”, concluyó Rolnik.
Entre sus conclusiones cuestionó la falta de regulación del precio de la tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares.
Rolnik sostuvo que “ la crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no fue acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo, por lo que, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades”.
En ese contexto, “las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y como son expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, añadió.
La arquitecta expresó que “ si bien desde 2003, el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda y según datos oficiales, hubo una inversión fuerte, con lo que consiguió más de 500.000 soluciones habitacionales, lamentablemente, el problema central es que el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, como única posibilidad”.
Los programas de mejoras en barrios o para cooperativas, están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo.
Enfatizó que “lo que falta en la Argentina es un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural, que fue reemplazado en el conurbano bonaerense, por cuotas en lugar de los loteos, como ocurría en las décadas de 1950 o 1960, que permitieron a muchos trabajadores hacerse su casa”.
Por el contrario “proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea y como consecuencia de ello, los sectores populares, a falta de otras opciones, optan por las ocupaciones que resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”.
Rolnik fue muy crítica de los desalojos de tierras ocurrido en los últimos meses “no conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares como el desalojo y quema de viviendas en Formosa”, el uso de la fuerza en el parque Indoamericano o la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”.
Para comenzar a solucionar el tema, el Estado argentino puede ofrecer tierras fiscales, en vez de desalojarlas cuando son ocupadas.
“Siempre hay tierras e inmuebles desocupados, inclusive las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social y en las zonificaciones, al igual que se admiten industrias, oficinas, edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”, sostuvo.
Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”, argumentó la representante de Naciones Unidas.
En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a medios de sobrevivencia.
Rolnik preguntaba” la única opción en la Argentina, es seguir produciendo villas o nos limitaremos a consolidarlas.
El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat antes que se produzcan las ocupaciones.
En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas y funcionó.
“En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas y ¿quiénes ganan con esto? Los únicos ganadores son los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables”, concluyó Rolnik.